La iniciativa para reformar el Poder Judicial de la Federación, presentada por el ministro Arturo Zaldívar y que se discute en el Senado.
Busca combatir la corrupción y el nepotismo en el PJF, que impiden el acceso pleno a la justicia en el país, además de fortalecer la profesionalización de jueces y magistrados.
Eduardo Buendía | eduardobuendia29@gmail.com | Escala Legal
Desde las entrañas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se impulsa una reforma al Poder Judicial.
Enfocada en erradicar la corrupción y el nepotismo a su interior.
Como parte de su política de “cero tolerancia”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN y autor de la iniciativa, apuesta por extirpar las malas prácticas.
Mediante lineamientos que permitan a los actores judiciales obtener sus cargos con base en sus méritos.
Haciendo a un lado los amiguismos y favoritismos.
A inicios de febrero, Zaldívar presentó la propuesta de reforma junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
AMLO respaldó el proyecto y se ofreció a turnarla al Congreso de la Unión.
Esto al tomar en cuenta que el Poder Judicial no tiene la facultad constitucional de promover cambios legislativos.
El titular de la Corte describió la iniciativa como una serie de modificaciones de gran calado en el aspecto funcional e informó a detalle los ejes y los alcances.
La propuesta de Zaldívar para combatir el nepotismo es fortalecer el servicio profesional de carrera.
Por lo que las vacantes disponibles en el Poder Judicial sean asignadas mediante el análisis y la evaluación de competencias.
Además, incluye un esquema sancionatorio a los funcionarios.
Aquellos que designen de manera directa o indirecta a personas que:
- Con las que tengan un parentesco hasta el cuarto grado.
- Un vínculo afectivo, matrimonial o de concubinato.
El proyecto considera que se establezca en el artículo 100 de la Carta Magna la sustitución del Instituto de la Judicatura Federal por la Escuela Federal de Formación Judicial.
La cual se encargaría de implementar los procesos de capacitación del personal.
Llevaría a cabo los concursos para escalar en la carrera judicial.
Con la reconfiguración del sistema de preparación de nuevos funcionarios.
Se espera que los defensores públicos cuenten con las herramientas suficientes para litigar en favor de las personas más desfavorecidas.
Que no pueden acceder a una asesoría legal privada.
Lo anterior, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y a un debido proceso.
“Es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada”.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.
Para hacer frente a la corrupción, la propuesta es:
Que las Contralorías del Poder Judicial implementen mecanismos de prevención de faltas administrativas o de acciones corruptas.
Esas instancias podrán integrar los elementos para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
Así como llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos.
En materia de paridad de género, la reforma considera que se generen las condiciones para que de manera gradual.
Exista una composición igualitaria entre hombres y mujeres en todas las etapas de la carrera judicial.
La propuesta también hace hincapié en la necesidad de darle más peso jurídico a las sentencias emitidas por la SCJN.
Por ello recomienda que todas las determinaciones que emanen del Máximo Tribunal por mayoría calificada o unanimidad sean obligatorias.
Y en consecuencia acatadas por todos los órganos jurisdiccionales del país sin que deban ser reiteradas.
Apelando a la eficiencia en la garantía de los derechos ciudadanos.
Una iniciativa prioritaria en el Senado
La iniciativa para reformar el Poder Judicial propone modificar siete artículos constitucionales, modificar cinco ordenamientos y crear dos leyes federales.
En la Cámara alta las comisiones ya trabajan en su análisis
El Senado es la instancia en la que se discute la reforma al Poder Judicial impulsada por el ministro Zaldívar.
A pesar de que el anuncio formal del proyecto ocurrió en febrero.
Fue hasta el 18 de agosto cuando la Cámara alta dio el banderazo para que comenzara su ruta legislativa con el análisis de las iniciativas.
En el foro virtual “Desafíos de la Justicia Mexicana”, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, anunció:
«que la reforma sería tratada como un tema prioritario para el periodo de sesiones que dio inicio el 1 de septiembre»
Explicó que con el acuerdo de todas las fuerzas políticas se estableció conformar un grupo de alto nivel.
Encargado de revisar las propuestas de modificaciones legislativas y dar paso a la elaboración de los dictámenes.
Durante su intervención en el encuentro a distancia, Zaldívar Lelo de Larrea pidió al Poder Legislativo considerar la iniciativa de manera independiente a otros cambios propuestos con anterioridad.
El proyecto de reforma sugiere la creación de dos nuevos ordenamientos:
- La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- La Ley de Carrera Judicial.
Promueve, además, la modificación de siete artículos constitucionales y cambios a otras cinco leyes.
- La Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado
- La Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional
- La Federal de Defensoría Pública
- La de Amparo, y
- El Código Federal de Procedimientos Civiles.
En entrevista con Escala Legal, la senadora Indira Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado, confirma que iniciaron las labores en la mesa de trabajo y que estas se han centrado en los puntos constitucionales a modificar.
Toda vez, que todavía no están disponibles las propuestas para la expedición de las nuevas leyes federales ni para los cambios a los ordenamientos ya establecidos.
“Estaremos nosotros en contacto y trabajando. Es un tema que urge al país, sin embargo, creo que también merece que analicemos cada uno de estos puntos, lo que importa es tener una reforma integral”.
Indira Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado.
Rosales San Román agrega que los legisladores a cargo de la revisión de la reforma están de acuerdo con el objetivo.
A pesar que el presidente de la Corte sugirió que la propuesta se revise de manera independiente a las otras iniciativas para hacer cambios en lo judicial.
Enfatiza en que se revisará cada fragmento de la reforma y se tomarán en cuenta todas las posturas de los actores involucrados.
«Algunos temas quisiéramos detallarlos sobre todo para que no quede únicamente en una carta de buenas intenciones, sino que estemos hablando de un verdadero cambio al interior del Poder Judicial, que permita a los mejores perfiles acceder a los mejores puestos, que no sea como se ha dado en los últimos años que tiene que ser a través de un conocido o un familiar”.
¿Qué opinan los magistrados y jueces?
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito pide formar parte de la discusión sobre la reforma, consideran que la corrupción no es un problema generalizado
En reiteradas ocasiones el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, menciona que la reforma es “con y para el Poder Judicial”.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación muestra su inconformidad con el proyecto.
Al asegurar que no fueron tomados en cuenta para su elaboración.
Considera también que el discurso sobre combatir la corrupción y nepotismo da a entender que estas malas prácticas se presentan de manera frecuente cuando en realidad se trata de casos aislados.
Que con esa bandera se promueven las modificaciones legislativas.
“La iniciativa de reforma realiza un análisis generalizado del contexto en que se elabora, haciendo alusión a la corrupción, nepotismo y otras conductas ilegales e irregulares detectadas al interior del Poder Judicial de la Federación para proponer las reformas a la norma general fundamental en materia de administración de justicia federal. Entenderlo de otra manera, haría que se partiera de un vicio de generalización estigmatizante para los juzgadores federales del país, que ya de por sí atentaría contra la independencia judicial”
Se lee en un posicionamiento en el que el organismo enlista aspectos que le parecen preocupantes de la propuesta.
Para el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, presidente de la Asociación, el fenómeno de la corrupción es mínimo.
El funcionario judicial detalla que entre 2015 y 2019 se impusieron 102 sanciones administrativas a jueces y magistrados, de las cuales 17 fueron destituciones, 4 inhabilitaciones.
Al tomar en cuenta que en México hay mil 429 magistrados y jueces, de acuerdo con el Inegi, solamente el 1.5 por ciento recibió como sanción el cese de sus funciones por malas prácticas.
“Creo que los actores políticos en este momento ven al Poder Judicial de la Federación que es molesto para el ejercicio de poder, y más el poder arbitrario. Entonces es muy fácil ver manifestaciones generalizadas de corrupción, pero lo cierto es que con datos duros esto es francamente menor”,
Expone Rojas Caballero en entrevista.
La Asociación de juzgadores afirma que existen lineamientos propuestos en la reforma que ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial.
Entre ellos se encuentra la desaparición de la facultad que tiene la Suprema Corte de revisar los acuerdos generales que expide el Consejo de la Judicatura Federal.
Asegura que dicha acción suprimiría el control constitucional que caracteriza al Máximo Tribunal; por el contrario, los magistrados y jueces adscritos al organismo piden que se refuerce esa labor.
“Para cumplir con los estándares internacionales se nos debe convocar, tomar en cuenta y dar cauce a esas inquietudes que tenemos, es algo razonable, no estamos pidiendo cosas que invadan el ámbito político y que vayan fuera de lo que en un momento dado no es más que la defensa estricta de la independencia”
Concluye el magistrado Rojas.
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