- En México, el crecimiento industrial depende de la certeza jurídica en energía y agua. Las reformas a la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Aguas Nacionales exigen gestionar con rigor permisos, interconexiones y concesiones no transmisibles. Para asegurar la operación, cada inversión debe alinear sus tiempos de construcción con las autorizaciones y la disponibilidad real de suministro.
¿Qué necesita una industria para crecer? Capital, terreno y acceso a mercados forman parte de la respuesta.
Hay otras condiciones que pueden decidir el destino de una inversión: conectarse a la red eléctrica, asegurar el abastecimiento de agua y conocer las reglas que permitirán mantener sus operaciones.
En México, el crecimiento industrial también se juega en permisos, concesiones y contratos.
La relación funciona en ambos sentidos: la llegada de empresas exige infraestructura, mientras que la disponibilidad de esa infraestructura condiciona nuevas inversiones.
Por ello, las reformas en materia energética e hídrica merecen analizarse como parte de la política industrial del país.
¿Cómo influyen las nuevas reglas eléctricas en la inversión?
La Ley del Sector Eléctrico, publicada el 18 de marzo de 2025, establece en su artículo 12 que la planeación del sector tiene carácter vinculante y corresponde a la Secretaría de Energía.
Así, las decisiones de inversión deben considerar su articulación con la planeación pública.
Este modelo puede favorecer la coordinación entre nuevas centrales, ampliaciones de la red y centros de consumo.
Sin embargo, su utilidad para la industria dependerá de que las autorizaciones y las obras avancen en tiempos compatibles con los proyectos. Una planta terminada no produce si carece de la conexión que necesita.
La certeza jurídica exige que quienes invierten puedan identificar los requisitos, las responsabilidades y las condiciones bajo las cuales comenzarán a operar.
¿Qué papel tienen las energías renovables?
La misma ley contempla la promoción de energías limpias y la descarbonización, además de regular la participación de particulares en actividades que no son exclusivas del Estado. Esto ofrece un marco para desarrollar proyectos que acompañen la demanda industrial.
Aprovecharlo requiere vincular tecnología y diseño jurídico. Los permisos, la interconexión y los contratos de suministro deben evaluarse conjuntamente. ¿Quién asume el costo de las obras necesarias? ¿Qué sucede si se retrasa la conexión? Resolver estas preguntas desde la contratación permite distribuir riesgos antes de que afecten la producción.
¿Comprar una planta garantiza el derecho a utilizar el agua?
La adquisición del inmueble exige revisar por separado la situación jurídica del abastecimiento. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, publicada el 11 de diciembre de 2025, establece que los derechos amparados en concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. También prevé mecanismos de reasignación para supuestos como la transmisión de una propiedad asociada a una concesión y las fusiones o escisiones de sociedades.
Por tanto, revisar el título, su vigencia, el volumen y el uso autorizado resulta indispensable antes de comprometer una inversión. La operación debe estructurarse considerando el procedimiento aplicable y la continuidad del abastecimiento.
También conviene incorporar tratamiento, reúso y recirculación desde el diseño de los proyectos, con la revisión de las autorizaciones correspondientes.
¿Dónde está la oportunidad para México?
Es indispensable evaluar cada inversión industrial junto con la infraestructura y los instrumentos jurídicos que la sostienen. Propongo vincular tres calendarios: construcción, autorizaciones y disponibilidad de suministro. Cada uno debe tener responsables y compromisos verificables.
Las reformas pueden orientar recursos y ordenar el desarrollo; sus beneficios dependerán de su aplicación y de las obras que las acompañen.
El reto trasciende la instalación de nuevas fábricas: consiste en establecer condiciones para que puedan operar, ampliar su capacidad y convivir con las necesidades de las comunidades.
Las reglas del crecimiento se ponen a prueba cuando una inversión intenta comenzar a producir. Ahí se verá si el marco jurídico logra convertir la expectativa industrial en desarrollo.
