Los dueños del sistema electoral son los ciudadanos, no los partidos políticos y menos quienes ya fueron electos, por lo que los cambios al sistema y a los órganos electorales deben surgir de la ciudadanía.
- Con la participación de ciudadanos en la organización de los procesos electorales, cambió el centro de gravedad de los actores involucrados
- A los órganos electorales les corresponden dos funciones: la organización de las elecciones y la vigilancia de que los partidos políticos cumplan con el marco normativo
Uno de los pilares de los avances democráticos-electorales en México, sin duda, ha sido la autonomía de los órganos electorales. De alguna manera inició con la reforma electoral de 1977 y continuó en 1996 con la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y los institutos o comisiones correspondientes en los estados.
A partir de ese momento, y con la participación de la ciudadanía en la organización de los procesos electorales, cambió el centro de gravedad de los actores involucrados, pues ya no sería el Estado ni los partidos políticos los responsables de la organización y calificación de las elecciones, sino los ciudadanos. En los órganos electorales y hasta en las mesas directivas de cada casilla, ellos son los garantes de los comicios.
Este cambio fue fruto de la enorme desconfianza que la participación del Estado en el proceso electoral creaba. Un partido político controlaba el Poder Ejecutivo, la mayoría del Congreso de la Unión y un gran número de los gobiernos y congresos estatales.
Casualmente, consumada la transición del gobierno a los ciudadanos de los órganos electorales en 1996, en las elecciones de 1997, el partido en el poder perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y en el 2000 no ganó el Poder Ejecutivo. Con ello inició una evolución hacia la normalización democrática-electoral que ha permitido la alternancia de tres partidos en el Poder Ejecutivo Federal, diversas configuraciones del Congreso de la Unión, un sin número de cambios de partidos en los gobiernos, alcaldías y poderes legislativos estatales, con lo cual el sistema electoral se ha ido perfeccionando para cerrar el paso a las viejas prácticas.
No obstante, en todo este tiempo los órganos electorales no han estado exentos de cuestionamientos, pues les corresponden dos funciones fundamentales: la organización de las elecciones y la vigilancia de que los partidos políticos cumplan con el marco normativo.
La primera tiene una naturaleza muy técnica y administrativa, ya que los órganos electorales deben asegurar el cumplimiento de los mecanismos de seguridad del proceso, los cuales son complejos, pero dados los antecedentes, son necesarios: la selección de funcionarios de casilla, su capacitación, la compra del material electoral, etc.
Por lo que toca a la segunda función, a los órganos electorales les corresponde aplicar la ley frente a conductas irregulares de los partidos políticos, con lo cual ejercen funciones formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales. En ese sentido es frecuente que quien se considere afectado denuncie parcialidad de los órganos electorales al aplicar la ley a un caso concreto, como negar el registro de un partido o candidato, o determinar una sanción por conductas ilícitas.
Por lo tanto, es fundamental el fortalecimiento de los órganos electorales para que los actores políticos respeten sus decisiones, pues aún quedan muchos retos por superar como robustecer los mecanismos de fiscalización de los recursos que fluyen durante los procesos electorales. Además deben estar blindados de influencias externas, y para ello se requiere, entre otras cosas, que los partidos y los integrantes de los otros poderes se comprometan a respetar sus decisiones y si no, que hagan valer los mecanismos jurídicos.
Quienes han ostentado el poder históricamente han buscado la forma de influir en la integración de los órganos electorales y hasta en sus decisiones. Es por eso que hay que regresar al origen y reclamar lo que es propio: los dueños del sistema electoral son los ciudadanos, no los partidos políticos y menos quienes ya fueron electos.
Si los actores o partidos no confían en los órganos electorales debe ser irrelevante, en tanto tengan la confianza ciudadana, por lo que los cambios al sistema y a los órganos electorales deben surgir de la ciudadanía. Ojalá que este proceso sea una nueva oportunidad para que los ciudadanos se empoderen y asuman la responsabilidad de ser los principales actores del sistema electoral que, una vez más, permitirá elegir a quienes dicen servirnos y que bien pueden iniciar su servicio respetando lo que no les pertenece.
