Escala Legal conversó con tres de los negociadores más importantes del T-MEC, quienes a un año de su entrada en vigor analizan los avances y desafíos que aún enfrentan México, Estados Unidos y Canadá.
El balance es favorable. El 1º de julio se cumple un año de que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras 26 años de que estableció las reglas del juego en la región económica más poderosa del mundo.
Llegar hasta ese día no fue fácil. Las comitivas tuvieron desacuerdos naturales de cualquier negociación. En el camino se atravesaron varios obstáculos, incluidos los cambios de gobierno en México y Estados Unidos.
A eso se sumó la pandemia de COVID-19, que generó incertidumbre en su implementación. La coyuntura en la que comenzaron a surtir efecto los primeros acuerdos ocurrió en medio de la emergencia sanitaria y una crisis económica global sin precedentes.
Entre los que delinearon el acuerdo comercial está Ildefonso Guajardo, quien se desempeñó durante seis años como secretario de Economía; Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior; Kenneth Smith, el jefe negociador técnico; y Salvador Behar Lavalle, el jefe negociador técnico adjunto.
Ildefonso Guajardo asegura que es muy importante mantener la integración económica en el contexto internacional porque, en estos momentos de COVID-19, el sector que mantiene a flote a México es el exportador.
“El T-MEC seguirá siendo una de las anclas más importantes para la estabilidad de la economía mexicana, ya que los acuerdos de libre comercio no son sólo compromisos para transitar mercancías libres de arancel en una región, sino son fundamentales para garantizar la certidumbre jurídica y el Estado de derecho”, comenta el extitular de Economía.
La región de Norteamérica alberga a una población combinada de más de 490 millones de habitantes, equivalentes a siete por ciento de la población mundial, pero representa alrededor de 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel global, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Kenneth Smith considera que a un año de la entrada en vigor, el saldo es positivo porque el tratado está cumpliendo con los objetivos para los que fue diseñado: fortalecer los lazos comerciales, mantener un esquema de libre comercio con los principales socios de América del Norte y establecer certidumbre jurídica a largo plazo, al igual que el TLCAN en su momento.
“Estamos viendo que el hecho de preservar el libre comercio, modernizar el acuerdo con nuevas disciplinas y garantizar mecanismos de solución de controversias eficientes, genera certidumbre y es lo que está ayudando a que el T-MEC funcione, pero es importante que México quite de la mesa aquello que pueda estar violando las reglas del acuerdo”, dice quien fuera el jefe negociador técnico.
A pesar de la pandemia, el tratado ha rendido frutos. Para muestra, las cifras durante el primer trimestre de este año: México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos al superar los 153 mil 906 millones de dólares, cifra que representó 14.8 por ciento del comercio total estadounidense con el resto del mundo.
“El próximo año y los siguientes, el T-MEC va a ser relevante porque la integración que se tiene en la región es tan profunda y las cadenas de suministro cada vez se hacen mucho más amplias”
Juan Carlos Baker – Ex subsecretario de Comercio Exterior
El T-MEC tampoco puede concebirse sin otro personaje clave: Juan Carlos Baker, quien considera al tratado como el hito comercial más importante en los últimos 30 años, no sólo porque fue una negociación muy complicada, también porque era necesario modernizar el acuerdo que rige la relación comercial con el principal socio de Estados Unidos.
“El próximo año y los siguientes, el T-MEC va a ser relevante porque la integración que se tiene en la región es tan profunda y las cadenas de suministro cada vez se hacen mucho más amplias y no podemos dejar de contar con el tratado como una herramienta fundamental para el desarrollo económico y eso no va a cambiar”, expresa el exsubsecretario de Comercio Exterior.
Desencuentros por tema laboral
Las tensiones entre México y Estados Unidos se han intensificado en los últimos meses a causa de quejas laborales entre ambos lados de la frontera. El primer manotazo sobre la mesa provino del vecino del Norte.
A mediados de mayo, Estados Unidos comenzó una queja laboral contra la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, por presuntas violaciones a los derechos de sus trabajadores. Con esto se activó por primera vez el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado.
La Secretaría de Economía informó que inició una investigación del caso y se comprometió a publicar los resultados y, de ser el caso, tomar las medidas necesarias para enmendar la situación.
“Sin duda que México cumple con su parte del trato, pero lo que es evidente es que los cambios laborales son muy recientes y muchas empresas no necesariamente han tenido el tiempo para hacer las adecuaciones correspondientes”
Ildefonso Guajardo – Exsecretario de Economía
General Motors negó, a través de un comunicado, su participación en las presuntas violaciones en su planta de Silao, pero aseguró que cooperará con las autoridades para garantizar la integridad de la votación sobre el contrato sindical. Además anunció que contrató a una empresa externa para que realice una revisión del caso.
El segundo manotazo ocurrió cuando la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (SNITIS) y otras agrupaciones presentaron de manera colectiva una denuncia en Estados Unidos para invocar de nuevo el Mecanismo de Respuesta Rápida.
Los trabajadores de la planta de autopartes de Tridonex en Matamoros acusaron que no pudieron elegir libremente un sindicato. Días antes del incidente, la agencia Reuters informó que cientos de empleados querían ser representados por un nuevo sindicato encabezado por la abogada Susana Prieto, pero los funcionarios laborales nunca programaron una elección.
La también activista denunció que 600 de sus agremiados en Tridonex fueron despedidos en 2020, hecho que catalogaron como una represalia por sus intentos de cambiar de sindicato.
Ildefonso Guajardo, presidente y socio de Ansley Consultores Internacionales, opina que estos dos casos son relevantes para los inversionistas en cuanto a los compromisos adquiridos.
El doctor en Finanzas Públicas y Economía también destaca que el hecho de que se hayan presentado no quiere decir que se compruebe incumplimiento por parte de México, por lo que se debe esperar a que fluya la revisión. Y si en un momento determinado el gobierno estadounidense considera que hay elementos para presentar de manera formal un caso, entonces ya será otra circunstancia.
“Sin duda que México cumple con su parte del trato, pero lo que es evidente es que los cambios laborales son muy recientes y muchas empresas no necesariamente han tenido el tiempo para hacer las adecuaciones correspondientes”, explica.
La polémica por el sector energético
Otro de los temas espinosos es el relativo al sector energético y los anuncios que se han dado en la actual administración. Las iniciativas impulsadas por el gobierno mexicano han inyectado incertidumbre por las implicaciones que tendrían para la región de Norteamérica.
Una de las más polémicas fue la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba restaurar el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo violaba los acuerdos establecidos en el T-MEC.
También privilegiaba la red nacional de centrales eléctricas de la compañía, mientras que los privados tendrían una menor participación en el mercado nacional, a pesar de que eso significara perder 11 mil millones de dólares en nuevos proyectos de generación eléctrica renovable, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).
El proyecto se envió el 1º de febrero a la Cámara de Diputados para su discusión y posterior aprobación, hecho que desencadenó una serie de críticas y cuestionamientos entre la iniciativa privada, expertos y grupos en Estados Unidos por las inversiones que estaban en riesgo en el país.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), fue uno de los primeros en advertir que la medida representaría un retroceso histórico para la construcción de un país más competitivo, además de que cancelaría la posibilidad de ofrecer mejores precios de electricidad a los hogares y al sector productivo.
Quienes también mostraron su rechazo fueron los integrantes de la Cámara de Comercio estadounidense. Mediante una carta hicieron un llamado al gobierno mexicano para que retirara el proyecto y se comprometiera con el sector privado para fortalecer la industria energética.
“Algunas de las medidas que ha impulsado el gobierno mexicano en el último año en materia energética generan incertidumbre, cambian las reglas del juego para los inversionistas y están violando de facto los compromisos que se establecen en el Tratado”
Kenneth Smith – Exjefe negociador técnico del T-MEC
Kenneth Smith, socio en AGON – Economía, Derecho, Estrategia, explica que el sector energético es fundamental en América del Norte porque tiene un impacto horizontal en la competitividad de todas las industrias.
“Algunas de las medidas que ha impulsado el gobierno mexicano en el último año en materia energética generan incertidumbre, cambian las reglas del juego para los inversionistas y están violando de facto los compromisos que se establecen en el tratado. Por ello es muy importante que esto se resuelva, porque puede tener un impacto importante en la capacidad de aprovechamiento del acuerdo”, expresa.
Por ahora, tanto la LIE como la reforma a la Ley de Hidrocarburos (LH), se encuentran paradas en el Poder Judicial por cuestiones de inconstitucionalidad.
El 19 de marzo, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, concedió una suspensión definitiva a la reforma eléctrica impulsada por el presidente.
Días más tarde, la Secretaría de Energía (SENER) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el que se establecía la suspensión a la reforma en hidrocarburos. A inicios de junio, el mismo juez Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva, con efectos generales, contra la LH.
Juan Carlos Baker, director general y socio fundador de Ansley Consultores Internacionales, manifiesta que es vital que se respeten las reglas del juego, pues el comercio en América del Norte no puede concebirse sin el TLCAN y su sucesor, el T-MEC.
“En el tema energético hay muchos malentendidos porque se ha tratado de impulsar una narrativa que sugiere que México no tiene compromisos de esta materia en el T-MEC, pero es completamente falso. Algunas de las cosas que se han estado promoviendo con las últimas iniciativas pareciera que van en contra; sin embargo, la importancia del Tratado se acrecentará por la realidad económica que estamos viviendo y eso nadie lo puede cambiar”.
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