El fortalecimiento de las Empresas Productivas del Estado es urgente.
pero no a costa de los derechos y las libertades de las empresas privadas que compiten en el sector eléctrico del país
Javier Zenteno | javierzenteno@zlmabogados.com | EsclaLegal | A1V5 
En la tradición constitucional, el gobierno de los estados es creado por la voluntad soberana del pueblo.
Mismo que lo dota de las facultades que se constituyen en su ámbito de competencia: lo único que puede y debe hacer.
La reforma constitucional y legal en materia de energía de los años 2013 y 2014, modificaron los límites del monopolio del Estado.
La titularidad de los derechos que permiten el desarrollo de las actividades de la Industria Eléctrica y la de hidrocarburos, no calificadas como actividades estratégicas.
regresaron a la esfera jurídica de los derechos y libertades de los particulares
Por ello, se trata de actividades de libre emprendimiento, que por el riesgo que conlleva su ejecución y el interés de que sean desarrolladas de manera ordenada.
Incluso por las empresas productivas del estado.
Están sujetas a las regulaciones expresadas en leyes y disposiciones administrativas de carácter general.
Este derecho de los particulares conlleva la obligación de terceros, incluidos los órganos del Estado.
De respetar el ejercicio de estos, en un marco de libertades y competencia.
De aquí que los interesados en desarrollar dichas actividades, cumpliendo los requisitos de ley.
Tienen derecho a que se les expida el permiso correspondiente.
Salvo en los casos en los que exista causas fundadas o razones que motiven la negativa.
Estos parámetros están integrados por mandatos constitucionales y legales inequívocos que constituyen el marco de acción de los órganos del Estado a quienes les corresponde:
- La rectoría del desarrollo integral y sustentable.
- La regulación y fomento de las actividades en el marco de libertades constitucionales.
- El apoyo e impulso a las empresas de los sectores social y privado, y
- El aliento y protección de la actividad económica de los particulares.
- Así como la generación de condiciones en los términos de ley, para que contribuyan al desarrollo económico en un marco de competitividad y sustentabilidad.
También destacan para efectos de las energías renovables los derechos humanos que todos deben respetar, máxime cuando no tan solo derechos programáticos, sino que producen la obligación expresa de garantizar dicho respeto.
Me refiero al derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El daño y deterioro ambiental, señala expresamente la Constitución, generará responsabilidad para quien lo provoque.
Estos mandatos deben estar consignados en el Plan Nacional de Desarrollo, pues nuestro máximo ordenamiento consigna que los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución.
Los quedeterminan los contenidos de la planeación, que será democrática y deliberativa y, además, considerará la continuidad de la política nacional para el desarrollo industrial.
Las Leyes secundarias, en congruencia, también identifican conductas obligatorias a cargo del gobierno del Estado.
Entre ellas, que la planeación energética debe considerar la soberanía y seguridad en la materia; la reducción de impactos ambientales en la producción de la energía; una mayor participación de las energías renovables en el balance energético, y el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado.
Se complementa con los mandatos de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual dispone que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia;
Que la generación se sujeta a obligaciones de servicio público, universal, que se debe Impulsar la inversión y la competencia en la industria eléctrica.
En los textos del PND 18-24 y en programa Sectorial no se reflejan estos mandatos jurídicos, ni tampoco en diversos acuerdos y resoluciones.
Sin duda el fortalecimiento de las Empresas Productivas del Estado representa una urgente necesidad.
pero no en detrimento de los derechos y libertades de los ciudadanos
En este contexto, la prioridad de las soluciones que garanticen la competencia y sustentabilidad equitativa.
Así como el equilibrio de la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
Garantizan los consensos de los que pueden surgir sinergias creativas en favor del desarrollo.
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