- En el artículo el autor analiza el origen histórico y las implicaciones estructurales de la reforma judicial, así como el papel que deben asumir el empresariado y los abogados de empresa frente a este nuevo entorno en el país
Siempre he creído que la generalización no lleva a un buen resultado, porque a lo único que nos lleva es a simplificar un problema complejo y cuya solución, normalmente, también lo es.
No pretendo aquí profundizar en todas las áreas de oportunidad del Poder Judicial, pero sí reconocer que las tiene.
Es de conocimiento público los diversos escándalos de corrupción, influyentismo así como las grandes ineficiencias y rezagos en muchos tribunales del país.
Pero también hay que decir que éste no se encuentra completamente corrompido ni mucho menos que sea una institución sistemáticamente fallida, existen muchos y muy buenos juzgadores.
Reconocer las deficiencias del Poder Judicial no debería implicar desconocer los esfuerzos, la trayectoria y la integridad de muchos de sus integrantes que han actuado con rectitud, que han entregado su vida de manera ejemplar a la carrera judicial, que han sido un contrapeso para los otros Poderes de la Unión, que valientemente han sentenciado a criminales de alta peligrosidad y que también han reconocido violaciones constitucionales de la autoridad y cuyo efecto no siempre es el más popular.
Lo anterior no ha sido suficiente para que en la opinión popular impere la necesidad de llevar a cabo una reforma judicial.
¿Qué cambia con la reforma judicial?
La reforma judicial rediseña la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, crea el Tribunal de Disciplina Judicial, modifica sus medidas presupuestarias, transforma el proceso y alcance del juicio de amparo, y propone, quizá su cambio más controversial, la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
No es la primera vez que en nuestro país se discute la elección popular como una vía para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte. La Constitución de 1857 establecía que la elección de estos sería de manera indirecta en primer grado y fue justamente esto una de las fuertes críticas al Poder Judicial que en su momento hizo Francisco I. Madero en el Plan de San Luis y Venustiano Carranza en el Plan de Guadalupe (en sus adiciones).
Ambos señalaban como durante la época del Porfiriato esto culminó en un Poder Judicial al servicio del Ejecutivo. Las discusiones del Congreso Constituyente de 1917 atendieron este punto y dejaron claro que la independencia judicial es uno de los pilares de toda república democrática, pues, parafraseando a Emilio Rabasa, la voluntad popular no debe imponerse a la justicia.
Si bien el Poder Judicial requiere cambios profundos, politizar la justicia no representa una solución definitiva a los problemas estructurales que enfrenta. Esto no resuelve las presiones externas ni garantiza su independencia.
Uno de los grandes retos en este debate es la escasa cultura y conocimiento jurídico en nuestro país. Existe un rezago educativo importante que se traduce en un desconocimiento profundo sobre lo que es y representa el Poder Judicial. Es común que se confunda al Ministerio Público o a las fuerzas policiales como parte de este. Para muchos ciudadanos, el único contacto con el “sistema de justicia” ocurre a través de estas instancias, generando una visión distorsionada del verdadero rol del Poder Judicial.
Sin duda, otro de los desafíos es el acceso a la justicia. En México, la justicia no es gratuita, ni pronta, ni mucho menos expedita. Esta realidad complica la defensa de quienes se oponen a la reforma bajo argumentos idealistas, pues las condiciones actuales, lamentablemente, no favorecen a la ciudadanía.
Entre muchos colegas abogados persiste el temor de que esta reforma ponga en riesgo al Estado de Derecho. La posibilidad de que se debilite el orden constitucional, por el que tanto se ha luchado en nuestro país, es una preocupación legítima y compartida por amplios sectores del gremio jurídico, más aún en los tiempos actuales en que esta reforma pudiera estar en incumplimiento de los acuerdos del T-MEC y que sin duda es un punto de preocupación para los Estados Unidos.
Cuatro acciones clave
Independientemente de todo, la reforma judicial es ya un hecho. La mesa está puesta para su ejecución. Los candidatos han iniciado sus campañas, algunos con seriedad, otros con estrategias que parecen más orientadas al espectáculo que a la dignidad que exige el cargo, ya nada detendrá que el próximo 1 de Junio estemos eligiendo por la vía popular a nuestros juzgadores.
Frente a este escenario, ¿qué papel nos corresponde jugar a nosotros como abogados de empresa? ¿Y al empresariado? ¿y como sociedad?.
El buen empresario, sin importar su tamaño o su lugar en la cadena de valor, se caracteriza por su capacidad de adaptación y es justamente eso lo que pasará con esta reforma, tanto empresarios locales y extranjeros tendrán que adaptarse.
En ese sentido, considero fundamentales cuatro acciones:
-Fortalecer el cumplimiento regulatorio interno: Esto es vital para los emprendedores y las empresas en desarrollo, considero será lo más importante y a la vez desgastante para muchos micro y pequeños empresarios.
-Incrementar el uso de Medios Alternos de Solución de Controversias: Estos mecanismos permiten resolver conflictos de forma independiente y eficiente.
-Impulsar la colegiación profesional: Es relevante presionar tanto a nuestro gremio como al gobierno para establecer mecanismos que aseguren la calidad y actualización continua de los profesionistas del derecho mediante una colegiación obligatoria, garantizando así un mejor perfil para quienes ocupen cargos judiciales.
-Informar y concientizar a nuestras comunidades: El empresariado tiene la responsabilidad de generar conciencia en nuestras comunidades y colaboradores sobre la importancia de esta elección, explicar las funciones de los puestos en juego y cómo sus decisiones pueden impactar directamente en la vida cotidiana de todos, invitarlos a votar y a que participen en esta elección.
Termino esta reflexión retomando una frase que a inicios de abril pronunció mi padre ante la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, y que encuentra un espacio para este momento que vive nuestro país y en especial para todos aquellos futuros juzgadores.
“Que la verdad y la ley sean nuestras únicas armas, la justicia nuestra divisa permanente y México, este sagrado México, nuestra definitiva y total convicción”.
