- La reforma constitucional en materia energética aprobada por la Cámara de Diputados este mes de marzo plantea cambios significativos en la regulación del sector, con el objetivo de fortalecer a Pemex y CFE, garantizar la eficiencia y sustentabilidad del sistema energético, e incentivar la inversión privada bajo un marco de transparencia.
El sector energético es parte fundamental e importante en nuestro país, su regulación es desde luego trascendente, nada sencillo.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) es un organismo clave en la transición energética al supervisar y controlar el sector energético de acuerdo a nuevas regulaciones.
Hasta este momento, su objetivo es garantizar su eficiencia y sustentabilidad.
Pero habrá que analizar: ¿cuáles son exactamente sus atribuciones y hasta dónde llega su autoridad?
Esto porque la CNE contará con facultades para regular tarifas y permisos en los sectores eléctrico e hidrocarburos, supervisar el mercado eléctrico mayorista, otorgar permisos para la cadena logística de gas natural, petrolíferos y petroquímicos.
Y establecerá tarifas de petrolíferos, gas natural y gas licuado de petróleo y regulará la generación eléctrica y la modalidad de cogeneración.
La reforma constitucional en materia energética, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo, se propuso bajo la justificación de lograr el rescate de Pemex y CFE para fortalecerlos, así como el realizar una transición energética de manera ordenada y estable en el suministro y consumo energético.
La participación privada con posibilidad de inversión de largo plazo que incluye la reforma deberá ser transparente hacía la sociedad.
La reforma también establece la creación de un nuevo sistema llamado “La Justicia Energética”.
Por ahora, podría parecer que la reforma constitucional busca simplificar los trámites de inversión y transformar el sector energético del país, estableciendo una regulación orientada a mejorar su eficiencia operativa y, en consecuencia, su percepción a nivel nacional e internacional.
Indispensable analizar la reforma constitucional del sector energético y advertir si el alcance de la misma podría afectar los intereses de la nación que dice proteger al garantizar la eficiencia y sustentabilidad del sector energético.
El nuevo plan de inversión privada podría garantizar una regulación especializada e independiente, ya que quienes participan en él velarán por sus propios intereses.
Además, la justicia energética que se promueve busca otorgar estabilidad tanto en las tarifas como en la participación del sector privado en las inversiones.
Todo parece que dicha reforma contribuye para llevar al País hacia un camino normativo de regulación eficiente que pudiera dar certeza de contar con un suministro energético más accesible y sustentable para la población.
