- El autor investigador del Programa LEAD del Colegio de México plantea que, aunque la agenda climática promueve la cooperación global, persisten desafíos como la disidencia de ciertos gobiernos y la presión financiera para cumplir con los objetivos establecidos.
En septiembre del año pasado, se llevó a cabo la 79ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se firmó el Pacto para el Futuro.
En este, los Estados miembros se comprometieron a acelerar la implementación de la Agenda 2030, promover el desarrollo sostenible más allá de 2030, mantener el aumento de la temperatura global en 1.5°C, abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos y promover patrones de producción y consumo sostenibles.
Frente a este entusiasmo de cooperación internacional, también resaltó la crítica del presidente de Argentina, Javier Milei, en el que acusó la promoción e imposición de la Agenda 2030 y llamó a reconocer su fracaso.
Ésta se suma a la crítica del hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su escepticismo al cambio climático, quien ha calificado el Acuerdo de París como un plan global inaplicable y un regalo para China y otros grandes contaminadores.
El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para reducir los riesgos y efectos del cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) los países miembros; mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales, y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 °C.
Bajo este contexto, no es novedad el surgimiento de preocupaciones para cumplir los objetivos de la agenda climática y su gobernanza global. No sólo por la disidencia de los gobernantes, sino también por una presión financiera para su cumplimiento, y el rezago en las metas de la Agenda 2030.
En este sentido, quiero poner énfasis en algunos aspectos: los procesos ecosistémicos que soslaya tanto la agenda climática como su crítica, la naturaleza global de los problemas ambientales y sus implicaciones locales diferenciadas.
Los recursos naturales no obedecen fronteras sociopolíticas, por lo que estos pueden estar disponibles de manera compartida.
Sin embargo, al poseer cada Estado soberanía sobre “sus” recursos naturales, pueden generar externalidades negativas a sus vecinos y al resto de regiones contiguas.
A pesar del fomento de una “economía circular” que promueve una producción sin residuos, la transformación de los recursos naturales en productos implica una degradación irreversible, a nivel global, de los procesos ecosistémicos.
Ésta no se detiene ni se eliminan selectivamente con declaraciones, sigue su curso de manera continua, acumulada y de formas diversas, teniendo efectos diferenciados, más adversos para algunas regiones, países y sectores de población vulnerables.
El aprovechamiento de los recursos naturales y la degradación de los procesos ecosistémicos ocurren dentro de un sistema cerrado, lo que implica que su explotación continua reduce progresivamente su disponibilidad, incrementa la cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera y acelera el calentamiento global.
Aunque los países más desarrollados como Estados Unidos son los mayores emisores, los efectos adversos no se disipan sino que se dispersan e incrementan las afectaciones a todo el planeta.
Es indiscutible que las decisiones tomadas por ciertos actores sobre el aprovechamiento de los recursos naturales nos afectarán a todos de manera inevitable.
Aunque la agenda climática fue elaborada considerando este factor, el contexto global actual plantea la necesidad de replantear su estructura, abrirla al cambio y, si es necesario, repensarla de manera más profunda.
Esto incluye un análisis detallado de la forma en que se están utilizando los recursos naturales y sus efectos, así como la evaluación de los mecanismos regulatorios centralizados y jurídicamente vinculantes como la opción más efectiva. Además, es crucial revisar los patrones de producción y consumo, fomentar la corresponsabilidad entre los estados, la sociedad civil, las comunidades y las empresas, y examinar la influencia de actores y reglas informales.
Los próximos foros globales (como la COP 29) representan una oportunidad para replantear los “viejos” acuerdos, evitar posponer las metas y construir nuevos medios (los cómo) fructíferos y no conflictivos de alcanzar objetivos comunes.
