- La cancelación de la llegada de Tesla a Nuevo León generó un impacto significativo en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Santa Catarina 2023-2035, un mecanismo que enfrentó críticas desde su anuncio por desviarse de los objetivos fundamentales del desarrollo urbano, como la protección del entorno, el desarrollo equilibrado y la mejora de la calidad de vida.
La cancelación de la llegada de Tesla al Estado de Nuevo León dejó una serie de repercusiones, entre ellas, el impacto en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Santa Catarina, Nuevo León 2023-2035, el cual dio inicio a la consulta pública el 14 de septiembre y concluyó el 25 de octubre de 2023, con su versión definitiva entrando en vigor en agosto del presente año.
Desde que se anunció el referido Programa surgieron críticas por una aparente desviación de los objetivos fundamentales de los planes de desarrollo urbano municipales, cuyo propósito es proteger la conservación, promover un desarrollo equilibrado y mejorar las condiciones de vida de la población.
Además de un aparente abandono/desconocimiento de la vocación del suelo de algunos sectores del municipio.
Es fundamental que las medidas dictadas en dichos programas sean necesarias para ordenar los asentamientos humanos y que establezcan de manera adecuada las provisiones, usos, reservas y destinos de los bienes inmuebles. Sin embargo, pareciera que estas consideraciones no fueron atendidas en la elaboración del Programa.
Esta situación generó dudas sobre la real urgencia de las modificaciones propuestas, sin que se presentaran justificaciones jurídicamente válidas, lo cual dejó inconforme a la población, especialmente a quienes se encuentran en la anterior Zona Industrial Poniente de Santa Catarina.
Uno de los comentarios de inconformidad más recurrentes fue que se estableció una Zona Industrial exclusiva asignada en donde se pretendía ubicar la Gigafactory de Tesla.
Sin embargo, el nuevo plan afectó a un gran número de empresas establecidas en la zona industrial poniente, una zona con más de 30 años de existencia, que ha desarrollado infraestructura y se han introducido importantes inversiones con proyecciones a largo plazo, en coordinación con las autoridades municipales y estatales.
Un sector que es sin duda una gran fuente de empleo.
Ahora, con la prohibición del uso de suelo industrial y sus giros en la mayoría de los inmuebles que constituyen actualmente la zona industrial poniente, surgen preguntas críticas: ¿Eran realmente necesarias estas modificaciones? ¿Cumplen con el objetivo de los programas de Desarrollo Urbano? ¿Se respetó la participación democrática y se tomó en consideración la opinión de las y los ciudadanos?
Finalmente, es importante destacar que el referido Programa ni siquiera podía contener zonificación secundaria ni llevar a cabo la asignación de usos de suelo, puesto que es exclusivo de un programa de desarrollo urbano de centro de población, conforme a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.
Las decisiones tomadas en torno al desarrollo urbano en Nuevo León podrían generar una serie de consecuencias que afecten tanto a la economía local como a la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
La percepción de que estas medidas responden más a intereses muy puntuales y alejados de la voluntad popular y del bienestar común, ha generado preocupación y descontento entre la población.
Es esencial que las autoridades municipales reconsideren estas decisiones, asegurándose de que los programas de desarrollo urbano reflejen verdaderamente las necesidades de la comunidad y promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible.
