La arquitectura del comercio internacional atraviesa un cambio de época. El optimismo desregulado que caracterizó a la globalización de finales del siglo XX ha cedido su lugar a un pragmatismo geoestratégico donde los flujos comerciales ya no se guían exclusivamente por la eficiencia de costos, sino por criterios de seguridad nacional, la resiliencia de las cadenas de suministro y la autonomía tecnológica.
Partiendo de esta premisa estructural, debemos reconocer que el conflicto entre Estados Unidos y China abandonó su naturaleza comercial para transformarse en una carrera por la supervivencia estratégica. Hoy, el verdadero campo de batalla no son las aduanas, sino los centros de innovación y desarrollo, así como el control de las cadenas de suministro de insumos estratégicos. Todo indica que quien domine la inteligencia artificial y, fundamentalmente, la fabricación de los semiconductores avanzados, dominará el siglo XXI.
Frente a dicha realidad global, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) juega un papel crucial, pues la integración productiva entre los tres países, a pesar de las asimetrías fundamentales, ha evolucionado para trabajar como un mecanismo sumamente complementario y benéfico para la región económica de América del Norte.
Bajo esta dinámica, la institucionalidad del T-MEC ha determinado un rol específico para cada uno de los socios comerciales: Estados Unidos dicta la pauta industrial de la economía regional; Canadá provee a la industria de insumos estratégicos —a la vez que busca conservar sus bases económicas—; y México juega estratégicamente un papel adaptativo sumamente necesario para sostener la estructura de costos y los beneficios económicos del acuerdo.
En consecuencia, el tratado ha dejado de ser un simple acuerdo comercial para convertirse en el andamiaje jurídico e institucional que garantiza la estabilidad y la competitividad de América del Norte. Sin embargo, la integración productiva, dadas las circunstancias internacionales, debe evolucionar y reconfigurar sus objetivos, adecuando nuevas necesidades para las industrias más dinámicas y competitivas, pero sin dejar de lado el bienestar colectivo de nuestras tres naciones.
Al evaluar nuestra posición actual, a seis años de su entrada en vigor, el balance general del T-MEC es indiscutiblemente positivo en términos agregados, aunque revela asignaturas pendientes en su distribución territorial y sectorial. El tratado ha blindado la relación comercial en momentos de alta incertidumbre global, consolidando a México como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio bilateral que supera los 800 mil millones de dólares anuales. La evolución del comercio intrarregional demuestra que la vecindad geográfica se ha transformado en una codependencia productiva: hoy no solo nos vendemos bienes terminados, sino que fabricamos componentes conjuntamente a lo largo de redes de producción profundamente integradas.
Traduciendo este panorama a nuestra economía nacional, los beneficios se reflejan en la institucionalización de reglas claras que otorgan certidumbre jurídica al capital transfronterizo. Sectores de alta tecnología como el automotriz, el aeroespacial y el electrónico han sofisticado sus capacidades, transitando gradualmente de la manufactura básica a la mentefactura y el desarrollo de proveeduría local avanzada. Sin embargo, un análisis riguroso obliga a reconocer que este dinamismo ha operado de forma heterogénea. Mientras que los estados del norte y del Bajío han capitalizado los flujos de inversión extranjera directa, convirtiéndose en hubs logísticos globales, las regiones del sur y sureste del país continúan desvinculadas de estas corrientes de valor. La revisión de 2026 debe plantearse la interrogante de cómo extender los beneficios del tratado hacia el interior del territorio nacional, utilizando la infraestructura logística estratégica —como el Corredor Interoceánico— para integrar las economías locales a las cadenas norteamericanas.
Diagnóstico legislativo y el Plan México: Hacia una política industrial unificada
Al abordar los aprendizajes del proceso de diagnóstico, desde mi experiencia como Senador y Presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, es preciso señalar que los foros sectoriales desarrollados en el último año junto con la Comisión de Economía arrojaron resultados fundamentales sobre la percepción de los agentes productivos.
Metodológicamente, nuestros trabajos legislativos en la materia se basaron en facilitar y fortalecer la comunicación entre los sectores productivos y el Estado mexicano; evidenciando que la planta productiva nacional exige estabilidad en reglas de origen, rechazo a aranceles unilaterales (Sección 232) y trazabilidad digital frente a la triangulación asiática.
Para dimensionar estas exigencias con base en la evidencia, en sectores específicos como el agroalimentario, médico y aeroespacial, la prioridad es homogeneizar las regulaciones; en las industrias de tecnologías de la información advierten vacíos normativos en ciberseguridad e Inteligencia Artificial; mientras las PyMEs demandan mejores condiciones para su integración a las cadenas productivas. El aprendizaje central de este ejercicio es la urgencia de blindar la competitividad regional y garantizar certidumbre a través de una postura técnica unificada entre los sectores institucionales de la economía en su conjunto.
Afortunadamente, los avances obtenidos recientemente —como la reducción de aranceles específicos en las tres rondas de conversaciones con Estados Unidos previas a la revisión conjunta— se deben en gran medida al éxito de una estrategia unificada, producto del diálogo constructivo entre el sector privado, la academia, el Poder Ejecutivo y el Senado de la República.
Frente a los retos inminentes de la revisión técnica, aunque la delegación mexicana encabezada por el Secretario de Economía Marcelo Ebrard ha logrado grandes avances en el inicio del proceso, aún prevalecen enormes desafíos estructurales. Por una parte, ya se están discutiendo los términos de las reglas de origen para garantizar la seguridad regional de las cadenas de suministro y evitar la triangulación comercial que afecte a las economías locales. Por otra parte, para capitalizar el nearshoring, México requiere garantizar un suministro de energía limpio y competitivo, así como modernizar la infraestructura logística y aduanera fronteriza.
Ante este escenario, resulta evidente que estos retos solo pueden superarse, en el mediano plazo, mediante una política industrial activa. Hoy, el Estado mexicano, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuenta con una política industrial —establecida en el Plan México— que traza una ruta de trabajo orientada a la digitalización de trámites gubernamentales, la innovación y el desarrollo tecnológico en sectores específicos para detonar la productividad, la demanda de transferencia tecnológica, la inversión en infraestructura estratégica de comunicaciones y el sector energético, acompañada por los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y el diseño institucional que la regula.
Por estas razones sustantivas, afirmar que México llega preparado a la antesala de la revisión no es un arranque de optimismo, sino una constatación de hechos institucionales y económicos. El país llega preparado porque consolidó un rol adaptativo y de eficiencia en costos que hoy hace viable la competitividad de toda América del Norte, y porque, a diferencia del pasado, respalda su posición comercial con un escudo interno: una sólida coordinación y comunicación entre el Estado mexicano y el sector productivo, sumada a una política industrial activa que desburocratiza, invierte estratégicamente, protege a sus trabajadores, impulsa su productividad y blinda sus sectores estratégicos.
A manera de conclusión prospectiva, la continuidad del T-MEC hacia los próximos años no debe entenderse como la simple firma de una extensión inercial, sino como la oportunidad histórica de asegurar nuestra permanencia bajo condiciones estratégicas que de verdad beneficien al país en un contexto global complejo. El reto no es solo defender el papel, sino demostrar que la fortaleza de nuestra posición exterior se construye, necesariamente, desde adentro.
Finalmente, para garantizar la continuidad institucional y de Estado, quiero expresar que mi labor legislativa deja una huella firme. Al haber solicitado licencia a mi encomienda, tengo la absoluta certeza de que el trabajo no queda a la deriva ni nuestra agenda pierde un solo milímetro de tracción. He dejado la estafeta en manos de Carlos Suárez, quien asume estas funciones con el rigor, la visión y la capacidad técnica que la coyuntura exige. El andamiaje institucional que hemos construido seguirá su marcha, garantizando el seguimiento estratégico al tratado y el impulso activo de la defensa de la complementariedad económica de México en el bloque regional. Esto no es un alto en el camino, sino una transición ordenada e impecable para seguir sumando al proyecto de nación desde todas las trincheras.
SOBRE EL AUTOR:
Waldo Fernández es senador por Nuevo León y se desempeñó como presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado hasta el mes de junio que solicitó licencia.
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