- En entrevista con Escala Legal, el Dr. Antonio Ceja Ochoa reflexiona sobre las implicaciones reales de la reforma judicial, el papel de las acciones afirmativas, los obstáculos que enfrentan las mujeres candidatas y los desafíos pendientes para construir un Poder Judicial verdaderamente representativo, inclusivo y justo.
En el marco del proceso inédito de elección popular de jueces, magistrados y ministros que vivirá México este 1 de junio, la discusión sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres dentro del nuevo sistema judicial cobra especial relevancia.
La reforma, que ha transformado de raíz la forma en que se accede a los cargos del Poder Judicial, también ha generado cuestionamientos legítimos sobre el impacto que tendrá en la participación y representación de las mujeres en este ámbito históricamente dominado por estructuras patriarcales.
En esta entrevista, Escala Legal conversa con el Dr. Antonio Ceja Ochoa, experto en derechos humanos y defensor de la equidad de género en el ámbito judicial, para analizar los mecanismos —o su ausencia— que buscan garantizar la paridad de género en este nuevo modelo electoral.
PREGUNTA: ¿Qué medidas específicas se han implementado para garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en este proceso electoral?
RESPUESTA: Yo creo que, tomando en cuenta las convenciones que México ha firmado, como es la convención de la CEDAW (que es la convención por sus siglas en inglés y que es la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer) y lo que dice la Constitución en su Artículo Primero, que habla de la no discriminación por razones de género, y el Artículo Cuarto, que habla de la igualdad entre hombres y mujeres, el sistema de elección popular no está estructurado en beneficio o protegiendo estos derechos. Incluso la convención de la CEDAW, en el Artículo Cuarto, párrafo segundo, habla de que los Estados miembros tendrán que establecer acciones afirmativas que ayuden a las mujeres precisamente a superar esa desigualdad estructural que hay entre hombres y mujeres. Y en el caso particular de la Reforma Judicial, no hay un capítulo específico donde se proteja con medidas especiales a las mujeres. Creo que debió haberse establecido, más estas situaciones, porque deben partir de la base de que esta reforma despidió a miles (mil setecientos) jueces y magistrados, juezas y magistradas, siendo ellas un gran número. Me imagino que el 40 por ciento son juezas y a ellas las están despidiendo automáticamente. Sí, entonces, en lugar de beneficiarlas con acciones afirmativas, se vieron afectadas sustancialmente porque se les está despidiendo de un trabajo que se han ganado a través de la carrera judicial.
P: ¿Cuáles han sido los principales criterios para asegurar la paridad de género en la selección de candidaturas?
R: La única medida que, entre comillas, pudiera señalarse como que cumple con este parámetro es el de la paridad. Por ejemplo, si existen cuatro tribunales que se van a ocupar con cuatro magistrados y magistradas, se designarán dos magistradas y dos magistrados. A nivel también de la Suprema Corte, como ustedes ven, también se establece que sean cinco mujeres de los nueve cargos y cuatro hombres. Del Tribunal de Disciplina de igual forma, tres mujeres y dos hombres. Es el único resquicio, por llamarlo de esta manera, en donde se pretende dar participación a las mujeres de manera activa, cumpliendo con la obligación constitucional de paridad de género.
P: ¿Considera que las medidas actuales son suficientes, hay áreas que requieren fortalecimiento y cuáles?
R: Para mí, el método de paridad actual es insuficiente. ¿Por qué? Muchas juezas y magistradas ya en funciones deben hacer campaña para conservar un cargo que se ganaron por carrera judicial, a través de un concurso de oposición. Me parece injusto que ahora tengan que competir en elecciones, cuando ya tenían un derecho constitucional ganado. Además, tienen una gran carga laboral; trabajan en juzgados todo el día y aún se llevan trabajo a casa. ¿A qué hora pueden hacer proselitismo? Si además muchas mujeres tienen responsabilidades familiares y jornadas dobles o triples.
También pienso en aquellas mujeres que no han sido juezas, pero aspiran a serlo. Ellas enfrentan las mismas cargas y desigualdades, mientras que muchos hombres no tienen esas responsabilidades adicionales y pueden dedicar más tiempo a hacer campaña.
A esto se suma la presión de usar redes sociales, hacer videos, gastar recursos propios, cuando no todas tienen los medios. Esta exposición las deja vulnerables a ataques o acoso sexual, como ya se ha visto. Además, muchas han dictado sentencias que pueden ponerlas en riesgo al exponerse públicamente. Todo esto evidencia una desigualdad estructural que no se ha considerado adecuadamente en este nuevo sistema.
P: Desde su perspectiva, ¿qué retos persisten para alcanzar una representación equitativa y efectiva de las mujeres en el poder judicial?
R: Yo creo que de entrada el Estado mexicano tendría que llevar a cabo acciones afirmativas. Partimos de la base de que tenemos una igualdad formal, partiendo de que las leyes y los tratados internacionales relacionados con derechos humanos de las mujeres protegen a las mujeres en todas sus vertientes, en cuanto a su vida privada como pública. El gran problema que tenemos es en la igualdad sustantiva, pues no se ha logrado esta igualdad entre hombres y mujeres. Y el gran reto que tiene el Estado mexicano es lograr esa igualdad sustantiva. Una de las formas para lograrla, es que tuviese precisamente esas acciones afirmativas que están previstas en la Convención de la CEDAW como una obligación del Estado mexicano de que se debe aplicar en beneficio de las mujeres.
En el caso particular del Poder Judicial Federal, las mujeres que ya lograron este camino tan largo de la carrera judicial, creo yo que, con una acción afirmativa debió de haberse respetado su derecho pues ya estaban en niveles de juezas y magistradas, no efectuarlas, y no despedirlas de manera injustificada como lo están haciendo con esta reforma. Otras medidas afirmativas también son haber ayudado a las secretarías de tribunales que tienen años en la función, bajo la posibilidad de que ellas tuviesen una preferencia por la experiencia, por ser mujeres, por la capacidad que ya tenían demostrada después de muchos años de ser secretarias. A ellas debió haberse dado un trato específico para que, en su caso, pues llegarán a estar en estos nombramientos de dirección como juezas y magistradas.
Muchas de las mujeres muy capaces, con muchos conocimientos, podrían estar por encima y haber garantizado una mejor justicia a otras candidatas, aún siendo mujeres que no tienen la carrera judicial o que van iniciando la carrera judicial.
¿Por qué? Sin demeritar el derecho legítimo de cualquier ser humano de participar con las reglas que se están poniendo, para la ciudadanía represente mayor certeza jurídica que una secretaria de veinte años de experiencia en el Poder Judicial Federal.
Al final de cuentas, lo que se pretende es que la ciudadanía tenga una mejor justicia, y esta mejor justicia se va a lograr con tener perfiles bien capacitados, con perfiles que sean de carrera judicial y que conozcan el sistema de impartición de justicia a través de los años de experiencia que tiene.
Creo que esos son los retos importantes y que ahora, en esta primera parte de la Reforma o de la elección ojalá sirva de experiencia para que la otra parte que viene puedan tener algunas acciones efectivas materializadas en favor de las mujeres y que queden los mejores perfiles para en beneficio de toda la sociedad.
