- La reforma para eliminar la reelección inmediata en los cargos de elección popular a partir de la elección del 2030 y que fue aprobada por el Congreso en marzo deja fuera a jueces y magistrados del Poder Judicial, lo que ha generado cuestionamientos sobre su alcance y efectividad.
El pasado 5 de febrero, durante la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de dos reformas al Senado: una en materia de reelección y otra sobre la prohibición del nepotismo.
Las dos reformas fueron aprobadas entre polémica el pasado febrero primero en la Cámara de Senadores y después en marzo en la Cámara de Diputados.
La reforma prohíbe el nepotismo y la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular en el país, a partir de la elección del 2030.
La reforma sobre la reelección busca evitar que los cargos legislativos sean ocupados de manera ininterrumpida por los mismos actores políticos, fomentando así la rotación y renovación del congreso.
Sin embargo, esta prohibición no aplicaría a magistradas y magistrados de Circuito, así como a juezas y jueces de Distrito, quienes serán elegidos en las elecciones del próximo 1 de junio.
Se argumenta que su elección responde a criterios técnicos y de mérito, distintos a los de cualquier elección popular, y que permitir su reelección fortalecerá su profesionalización, rendición de cuentas y cercanía con la ciudadanía.
No obstante, la inamovilidad en el cargo de jueces y magistrados fue uno de los principales argumentos para impulsar la reforma del Poder Judicial.
Actualmente, la prohibición de reelección solo aplica al presidente de la República y a los gobernadores de los estados, disposición que fue consagrada en la Constitución de 1917 y sigue vigente.
En el caso de senadores y diputados federales, estos pueden ser reelegidos hasta por dos y cuatro períodos consecutivos, respectivamente.
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos pueden ser reelegidos para un solo periodo inmediato posterior, mientras que los diputados estatales pueden ser reelegidos hasta por cuatro periodos consecutivos.
Contexto histórico sobre la no reelección
Históricamente, la no reelección para senadores, diputados federales y locales, y presidentes municipales ya había sido implementada en México, y estuvo vigente desde 1933 hasta 2013, cuando fue reformada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el marco del «Pacto por México».
En ese momento, se aprobó la reelección de legisladores locales y federales, así como de presidentes municipales, con el argumento de que los ciudadanos debían tener el derecho de premiar o castigar el desempeño de sus representantes y fomentar la profesionalización de los funcionarios.
Se señaló que, durante el periodo en que la reelección estuvo prohibida, esta restricción fue utilizada para concentrar el poder y las lealtades políticas en la estructura central del partido gobernante, eliminando facciones, fortaleciendo la influencia del presidente de la República y debilitando al Poder Legislativo.
Nepotismo: ¿Solución real o reforma incompleta?
Combatir el nepotismo sigue siendo un desafío crucial en México. Sin embargo, la reforma propuesta presenta deficiencias que deben analizarse a fondo.
Uno de sus principales vacíos es la exclusión de jueces y magistrados de la prohibición, pese a que estos cargos también pueden ser objeto de monopolización.
Asimismo, la reforma omite otros puestos que, aunque no son de elección popular, concentran gran parte del nepotismo en el país. Esta limitación reduce su impacto y deja dudas sobre su efectividad para erradicar el problema de raíz.
Otro punto de debate es la restricción generalizada de la reelección.
Si bien busca fomentar la renovación política, algunos argumentan que en ciertos cargos, como los municipales, la continuidad puede ser beneficiosa para proyectos de mediano y largo plazo.
En este sentido, debería ser la ciudadanía quien decida si un funcionario merece ser reelegido, en función de su desempeño y resultados.
Aunque la reforma busca frenar la perpetuación en el poder y promover nuevas ideas, es necesario evaluar sus posibles efectos—tanto positivos como adversos—antes de su implementación.
Un análisis profundo y una discusión pública serán clave para garantizar que esta medida fortalezca realmente la representación y la rendición de cuentas en el país.
