- El autor realiza un examen crítico sobre el rezago legislativo de la Inteligencia Artificial en México, advirtiendo sobre los peligros de la fragmentación política y la falta de contrapesos en la protección de derechos fundamentales.
El debate sobre regular la inteligencia artificial en México es más viejo de lo que parece. El Senado de la República aprobó a finales de noviembre de 2019 un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a instrumentar una política nacional sobre estas tecnologías.
Así lo destaca un análisis del Legal Tech Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México, publicado el 29 de junio de 2026. Han pasado casi siete años. Todavía no tenemos ley general. Lo que sí tenemos es una cifra en la que conviene detenerse a mirar con calma.
El mismo análisis reporta que, desde abril de 2023, se han presentado 85 iniciativas legislativas relacionadas con inteligencia artificial en el Congreso de la Unión. De esas, 67 siguen pendientes de dictamen. Diecinueve buscan reformar la Constitución para facultar formalmente al Congreso a legislar en la materia. Catorce tocan el Código Penal Federal, casi todas para tipificar “deepfakes” y violencia digital. Quince proponen crear alguna agencia, comisión o estructura burocrática nueva. Y apenas 3 se ocupan de algo tan relevante como la protección laboral frente a la automatización.
Quiero detenerme en los dos riesgos que veo en este panorama, porque no son solo un problema de eficiencia legislativa. Son un problema de calidad democrática.
Legislar por protagonismo: la trampa de la prisa
El primero es más sutil de lo que parece a simple vista. Ochenta y cinco iniciativas en poco más de tres años no reflejan necesariamente pluralidad de ideas. Reflejan, con frecuencia inquietante, la ausencia de coordinación entre bancadas y hasta dentro de una misma bancada. En febrero de 2026, una senadora presentó su propio proyecto de ley general de inteligencia artificial. Tan solo dos semanas después, la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México (encabezada por el senador Rolando Zapata Bello) anunció formalmente que avanzaba en la elaboración de su propia Iniciativa de Ley General de Inteligencia Artificial de carácter multipartidista. Dos esfuerzos paralelos, sin coordinarse entre sí, para resolver exactamente lo mismo.
Existe un incentivo político que compite en silencio con el incentivo legislativo: la posibilidad de ser quien redacte la propuesta de la primera ley de IA del país. El nombre que quede registrado como autor de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria. Ese tipo de prisa no produce mejores leyes. Produce leyes redundantes, mal armonizadas entre sí, y, en el peor de los casos, leyes que se aprueban más por urgencia de protagonismo que por madurez técnica del texto.
La inteligencia artificial no es un tema donde ganar la carrera importe. Es un tema donde importa llegar bien. Una ley de IA mal diseñada no solo no protege: genera falsa sensación de seguridad jurídica mientras deja huecos enormes en los puntos que de verdad requieren atención.
La regulación de la IA frente a la hegemonía política
El segundo riesgo es de fondo constitucional y me parece que se discute todavía menos de lo que debería. México legislará sobre inteligencia artificial en un escenario inédito en su historia reciente: la hegemonía absoluta de una sola fuerza política sobre los tres poderes de la Unión. La ecuación incluye al Ejecutivo, a un Congreso con mayoría calificada en ambas cámaras y a un Poder Judicial cuyos juzgadores y ministros emergen de elecciones populares organizadas bajo ese mismo ecosistema dominante.
El diseño constitucional mexicano descansa, como el de cualquier democracia liberal, en el principio de división de poderes del artículo 49 constitucional y en el sistema de pesos y contrapesos que de ahí se desprende. Ese sistema funciona precisamente cuando los poderes no coinciden en origen, en agenda ni en momento electoral. Cuando sí coinciden, el sistema de pesos y contrapesos deja de operar como diseño institucional y pasa a depender de la buena voluntad de quien gobierna.
Eso no es, en sí mismo, ilegal ni inconstitucional. Pero sí es un escenario de mayor vulnerabilidad para cualquier legislación que toque derechos fundamentales tan sensibles como la privacidad, la libertad de expresión, la no discriminación algorítmica o el debido proceso ante decisiones automatizadas, que son justamente los temas que una ley de IA seria tiene que resolver.
No estoy afirmando que exista una intención deliberada de capturar la regulación de la IA para fines de control político. Estoy afirmando algo más elemental y, creo, más importante: que en ausencia de un contrapeso institucional efectivo, la calidad de una ley termina dependiendo casi por completo de la calidad del debate público que la rodea. Y ese debate, hoy, se está dando entre juristas, cámaras empresariales y unas cuantas universidades, no en el pleno del Congreso, donde las 67 iniciativas pendientes siguen esperando turno sin que sepamos con certeza cuál de ellas, si alguna, llegará a votación este año.
El estándar mínimo para la ley que México necesita
Como abogado que lleva más de tres décadas viendo nacer y morir intentos de regulación tecnológica en este país, mi conclusión es sencilla y no pretende ser pesimista: la urgencia de legislar la inteligencia artificial es real, pero la urgencia de legislarla bien es mayor. Prefiero una ley que tarde 2 años más en salir y que resista el paso del tiempo, a una ley aprobada por la prisa de ser la primera, en un entorno donde nadie afuera del propio gobierno puede realmente frenarla si sale mal.
