- La normativa que rige las compensaciones por impacto ambiental en Nuevo León es ambigüa, lo que genera incertidumbre legal y operativa para los desarrolladores y sus proyectos inmobiliarios, por lo cual es urgente una revisión del marco legal para ofrecer mayor transparencia en este proceso
En Nuevo León, la compensación económica por impacto ambiental se ha establecido como un mecanismo clave para prevenir y mitigar las afectaciones ecológicas derivadas de proyectos de desarrollo, con el objetivo de minimizar, atenuar o compensar dichos impactos.
Sin embargo, la regulación de estas compensaciones dentro de las Autorizaciones de Impacto Ambiental, particularmente a través de autorizaciones condicionadas según los artículos 40, 40 Bis y 40 Bis I del Reglamento de la Ley Ambiental del Estado, genera importantes preocupaciones en el sector.
Esto deja a desarrolladores y otros actores involucrados en un estado de incertidumbre jurídica, complicando el cumplimiento y la viabilidad de los proyectos.
La falta de claridad en los requisitos y criterios para las compensaciones económicas por impacto ambiental provoca conflictos que complican la planificación, ejecución y sostenibilidad de las medidas de mitigación.
Además, esta ambigüedad expone a los proyectos a sanciones y revisiones posteriores, generando un entorno de incertidumbre para los desarrolladores.
Este problema se agrava por la ausencia de definiciones precisas sobre los plazos y condiciones en las autorizaciones de impacto ambiental.
En particular, no se especifica el momento exacto en que deben iniciarse las actividades que generan impacto, dejando en ambigüedad si deben realizarse antes, durante o después de cumplir con la compensación económica, lo que añade incertidumbre al proceso.
El Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León establece condiciones para la etapa previa, así como para las fases de construcción, operación y abandono de los proyectos.
Sin embargo, no se detalla claramente en qué momento se considera que las medidas han sido cumplidas de forma efectiva.
Esta ambigüedad genera incertidumbre para quienes ejecutan proyectos, en la medida en que les exige actuar bajo un marco de interpretación incierta, con potenciales repercusiones en sus compromisos de inversión y operación, debido a posibles conflictos administrativos y legales que afectan su continuidad y recursos.
Además, la complejidad del cálculo de compensaciones económicas, se basa en costos ambientales determinados por el INEGI, resulta difícil de interpretar para las desarrolladoras y limita la transparencia en la determinación de los montos.
A esto se suma la falta de criterios claros sobre los fondos destinados a la compensación y su fiscalización, lo que representa un riesgo operativo y obstaculiza la planificación de proyectos.
Otro aspecto relevante es la ambigüedad en las acciones de compensación y mitigación que pueden aplicar las promotoras de proyectos.
La normativa permite que las compensaciones sean gestionadas a través de fondos públicos o privados, siempre que existan convenios con la Secretaría y estén previamente autorizados.
Aunque esta disposición brinda cierta flexibilidad para cumplir con las medidas de compensación, la ausencia de criterios claros sobre los tipos de fondos y sus mecanismos de fiscalización genera incertidumbre para quienes buscan invertir en proyectos de este tipo.
En definitiva, la ambigüedad en el manejo de estos fondos puede crear una situación de riesgo operativo que obstaculice la planificación y la ejecución adecuada de los proyectos.
Por otro lado, aunque se permite que las desarrolladoras propongan medidas de mitigación como reforestación o tecnologías de ahorro, entre otras.
Aunque en teoría estas iniciativas son valiosas, la regulación es insuficiente para asegurar la permanencia y efectividad de estas medidas en el tiempo, sobre todo en aquellos proyectos de gran envergadura y de larga duración, lo cual puede afectar a los desarrolladores al no contar con lineamientos precisos que garanticen que las medidas implementadas cumplen los estándares exigidos en el tiempo.
En conclusión, aunque la implementación de compensaciones económicas por impacto ambiental es una medida acertada para responsabilizar a los desarrolladores por los efectos de sus proyectos, la falta de claridad y la ausencia de un marco normativo robusto generan incertidumbre jurídica. Y afecta tanto a los desarrolladores interesados en ejecutar proyectos como a las comunidades impactadas por ellos.
