Los recursos asignados al Poder Judicial de la Federación representan un desafío para implementar la reforma integral a la legislación laboral y su sistema de justicia.
- Este nuevo modelo de justicia implica todo un nuevo tribunal de justicia, así como sus respectivos gastos
Como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de este 2022, el pasado 29 de noviembre del 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Presupuesto de Egresos, mismo que contó con una asignación de 7 billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos, del cual sólo fueron destinados al Poder Judicial 5 mil 284 millones 902 mil 847 de pesos.
Esto representa un enorme desafío para la institución, que como proyecto y actualización internacional viene arrastrando la reforma laboral debido a la negociación que sostuvo con Estados Unidos de América y Canadá respecto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el cual consolidó su compromiso para reformar integralmente la legislación laboral y su sistema de justicia.
Uno de los grandes saltos que lo anterior provocó fue la remoción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Al tratarse de un nuevo modelo para el ejercicio del derecho, en la actualidad no cuenta con personal capacitado o edificaciones preparadas en donde puedan desarrollarse los procedimientos judiciales.
Ante dicha perspectiva, la consolidación de los 77 tribunales consistentes en la tercera etapa de la reforma proyectada para este año se ha convertido en un espejismo debido al presupuesto otorgado para su construcción. De los 3 mil 502 millones de pesos solicitados a la Federación para su implementación, únicamente fue recibida la cantidad proporcional de mil 790 millones de pesos.
Por consiguiente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció la falta de los recursos que fueron solicitados. También reiteró que este nuevo modelo de justicia implica todo un nuevo tribunal de justicia, así como sus respectivos gastos.
Lo más preocupante son las consecuencias internacionales que supondrá una inminente falla de implementación y compromiso debido a la inversión de 130 millones de dólares que Estados Unidos de América ofreció por medio de su vicepresidenta Kamala Harris, como “ayuda técnica”, al Ejecutivo federal en pro del fortalecimiento normativo y condiciones de trabajo aceptables.
Es así que, en razón de lo ya expuesto, no queda más que evaluar la consolidación de esta tercera etapa por medio de los ajustes presupuestales internos de la Corte, un cambio monumental para los derechos de las y los trabajadores y su debido acceso a la justicia.
