Toda política pública debe evaluarse a la luz de sus objetivos.
En el caso del Tratado de Libre Comercio para América del Norte de 1994 (TLCAN), el objetivo de México era reducir el papel del petróleo en su comercio exterior, así como garantizar acceso preferencial a los mercados estadounidense y canadiense. Impulsado a firmar el Tratado por una deuda pública basada en los precios internacionales del petróleo, la balanza comercial de México, que pasó de tener casi un 70 por ciento de exportaciones petroleras en 1985, a un 11 por ciento de las exportaciones en 1994 durante el primer año del acuerdo.
Ese diferencial comercial fue reemplazado por exportaciones basadas en manufactura de televisores, autopartes, artículos electrónicos y, en general, enseres producidos en las maquilas que vincularon definitivamente las economías de los estados fronterizos de México con los Estados Unidos.
Desde esta óptica, el TLCAN fue una apuesta exitosa de México para transitar de un modelo de control de importaciones, hacia una economía abierta al comercio exterior.
Sin embargo, es innegable que la manera en que se realizó la apertura comercial, sin un periodo de transición, trajo un alto costo social, que combinado con la devaluación del peso en 1994, conllevó el súbito fin de sectores económicos de los que dependían millones de campesinos y obreros en México.
Con el paso del tiempo, la lógica comercial cumplió su naturaleza y colocó a los sectores más productivos y competitivos como industrias de bonanza en los tres países, modificando todas las esferas de la vida cotidiana, desde las preferencias de consumo hasta hábitos alimenticios.
Por ejemplo, México se convirtió en importador de maíz, producto simbólico en la cultura mexicana que se cultiva con facilidad en las planicies fértiles del Medio Oeste estadounidense, y se convirtió a su vez en exportador de aguacates, producto que por su ubicuidad en supermercados estadounidenses es disfrutado todo el año en la Unión Americana.
Por más de un cuarto de siglo, el TLCAN integró a México, Estados Unidos y Canadá profundamente. Tan sólo en 2025, el comercio con Estados Unidos superó los 870 mil millones de dólares.
La tendencia del comercio bilateral ha sido constantemente al alza, lo que confirma que las economías de nuestros países no sólo son altamente complementarias, sino que nuestro comercio resiste crisis políticas y económicas, incluidas la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, la renegociación del hoy TMEC en 2017, y la pandemia de COVID-19 en 2020.
La cercanía geográfica, la complementación de capital y mano de obra especializada, la consolidación de cadenas productivas de valor (en especial en lo automotriz y aeroespacial) y, más recientemente, la generación de talento regional, son la base de este dinamismo.
Por ello, idealmente los negociadores mexicanos deben apuntar su negociación para lograr la extensión del Tratado por otros 16 años (incluso si se sabe que será difícil conseguirlo). De no ser posible y de entrar en una fase de revisión anual, México debe brindar la mayor certidumbre a las empresas e inversores con herramientas internas, reglas claras y Estado de Derecho; diplomacia activa impulsada por personal de carrera y posicionamientos públicos para buscar extender el T-MEC por otros 16 años; y sobre todo, debe articular su economía para distribuir mejor entre la población mexicana la riqueza que genera el tratado.
La mejor manera de lograr este último punto es impulsando la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio trilateral, marco que ya existe en el capítulo 25 del T-MEC, y que se complementa con los capítulos 5 (sobre facilitación del comercio) y 19 (comercio digital).
Para ello México debe:
- Abaratar el costo del crédito, pues toda PyME requiere de capital para surgir y consolidarse.
- Desarrollar la capacidad exportadora de medianas empresas afines a las cadenas regionales de valor (por ejemplo, transporte de autopartes).
- Mejorar la infraestructura fronteriza del lado mexicano (que debe coordinarse con cada gobierno estatal).
- Financiar más misiones comerciales entre PyMEs norteamericanas.
- Financiar programas de especialización educativa en sectores estratégicos (por ejemplo, microprocesadores), con estancias de estudio en Estados Unidos y Canadá.
Pero más importante aún, México debe llegar a la revisión del T-MEC con una visión clara de lo que quiere del acuerdo más allá de 2029. Hay que definir qué queremos del T-MEC en 5, 10 y 15 años. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué recursos deben invertirse por el gobierno y cuáles deben venir de la sinergia con la iniciativa privada? ¿Qué estándares laborales queremos para las industrias mexicanas? ¿Cómo se facilita la logística y el transporte de los clústeres mexicanos a nuestros socios al norte?
Hay que llegar a la mesa de negociación con un enfoque propositivo y ambicioso, minimizando acciones reactivas a los incentivos negativos que se nos puedan presentar, seguros de que tenemos cómo maximizar los beneficios del acuerdo internamente con políticas públicas que sí podemos controlar, y seguros de que México, Estados Unidos y Canadá, como demuestra el último cuarto de siglo, somos más fuertes juntos.
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