Cuando se habla de la revisión del T-MEC, casi toda la conversación se concentra en aranceles y reglas de origen, dejando en segundo plano el capítulo ambiental, tema que merece más atención. Aunque ha quedado relegado frente a las disputas comerciales más visibles, ahí también se están moviendo piezas interesantes.
El capítulo 24 del tratado obliga a los tres países a no “relajar” sus estándares ambientales como forma de atraer inversión, a hacer cumplir su propia legislación en la materia y a respetar los compromisos asumidos en acuerdos multilaterales sobre medio ambiente. La fórmula ha tenido un alcance limitado porque, en la práctica, depende sobre todo de mecanismos de exposición pública y presión política, en lugar de instrumentos con capacidad real de sanción, como los que sí existen en el capítulo laboral.
Las propuestas sobre la mesa: un mecanismo «con dientes»
El Artículo 34.7 marca el 1 de julio de 2026 como la fecha en que los tres gobiernos deben reunirse para decidir si extienden el tratado o entran en un ciclo de revisiones anuales. Ese plazo ha abierto la puerta a que organizaciones ambientales, legisladores y especialistas comerciales propongan ajustes al capítulo, que hasta ahora se percibe como bien intencionado pero poco exigible.
La propuesta que más eco ha tenido es crear un Mecanismo de Respuesta Rápida Ambiental (RREM por sus siglas en inglés), inspirado en el que ya opera para temas laborales, que permitiría atender violaciones puntuales en instalaciones específicas sin esperar a un panel de controversias completo.
Junto a esa idea circulan otras varias: sustituir el lenguaje de «shall strive to ensure» por obligaciones de cumplimiento directo, armonizar la forma en que los tres países recopilan y reportan datos de emisiones al aire, agua y suelo para que la información sea comparable entre fronteras, ampliar de forma automática la lista de acuerdos ambientales multilaterales reconocidos por el tratado, y fijar plazos de respuesta para que un país que incumple corrija la situación antes de que el otro pueda imponer restricciones comerciales. De este paquete, la armonización de datos destaca como la propuesta con mayor potencial práctico, porque sin información comparable resulta casi imposible verificar el cumplimiento o construir casos sólidos de exigencia.
Asimetrías institucionales y falta de voluntad política
El problema es que, en términos jurídicos, las obligaciones son idénticas para los tres países, pero la capacidad institucional para hacerlas cumplir no lo es ni de cerca, lo que ha generado denuncias de que el capítulo ambiental se sostiene más en la vergüenza pública que en sanciones efectivas.
La voluntad política para llevar estas propuestas a buen término tampoco está garantizada. Trump, quien en su primer mandato se retiró del Acuerdo de París y ha privilegiado el impulso a los combustibles fósiles, ha mostrado mayor interés en los temas arancelarios y de reglas de origen que en una reforma profunda del capítulo ambiental, aunque sí ha señalado disposición a exigir el cumplimiento de la ley ambiental en casos puntuales, como la pesca ilegal de totoaba, que pone en riesgo a la vaquita marina. México, por su parte, ha priorizado igualmente el frente arancelario, mientras enfrenta presión estadounidense por su política energética y por el panel que falló en contra de su prohibición al maíz transgénico, un punto de fricción que, sin formar parte de las propuestas ambientales, se ha entrelazado con la conversación sobre sustentabilidad y soberanía alimentaria.
El tratado, además, podría convertirse en una herramienta de presión política y económica más amplia, con efectos sobre la actividad industrial, las decisiones de inversión y la estabilidad de las cadenas de suministro regionales, lo que añade incertidumbre al proceso.
Hay asimetrías evidentes entre los tres países en capacidad operativa y en prioridades políticas, pero conviene no perder de vista que la revisión del tratado es también una oportunidad para que la conservación ambiental deje de ser una promesa diluida y se convierta en un compromiso con dientes reales.
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