Uno de los temas en la agenda política y económica es la discusión de la iniciativa presidencial de reforma en materia eléctrica y, para concretar estos cambios constitucionales, se buscarán alianzas estratégicas en el primer trimestre del año.
- Los intentos del Poder Ejecutivo en sus primeros tres años de administración para contrarrestar la liberación del sector energético han sido paralizados por el Poder Judicial
- El Parlamento Abierto dará voz a interesados para cambiar la discusión legislativa
Este año será muy importante en el sector energético del país, ya que uno de los temas en la agenda política y económica es la discusión de la iniciativa presidencial de reforma en materia eléctrica, mediante la cual se buscan modificar tres artículos constitucionales y nueve transitorios, traspasar a la Secretaría de Energía (Sener) las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y reintegrar al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que es el operador del sistema a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de recuperar la rectoría del Sistema Eléctrico Mexicano en un solo organismo.
Para que salga adelante esta reforma constitucional que definirá la seguridad energética del país, se necesitan dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados. Sin embargo, Morena, el partido del presidente en turno, no cuenta con la mayoría calificada en ninguna de las dos Cámaras.
265 amparos deberán ser resueltos en los primeros meses de 2022
Además de la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales por tratarse de una reforma constitucional, será necesario buscar alianzas políticas estratégicas en el primer trimestre del año para este tema.
Los grandes consumidores de energía en México siguen muy atentos al proceso legislativo para apostarle a una negociación. El Parlamento Abierto convocado por el Gobierno dará voz a académicos, especialistas en energía, representantes de organizaciones empresariales, funcionarios de la CFE y demás interesados para, con ello, lograr que algunos puntos propuestos en la iniciativa del presidente puedan cambiar durante la discusión legislativa, ya que consideran que desalienta inversiones de privados, arriesga la credibilidad de México como socio comercial, frena las energías renovables, aleja al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales y puede aumentar el costo de la energía.
Los intentos previos del Poder Ejecutivo en sus primeros tres años de administración para contrarrestar la liberación del sector energético han sido paralizados por el Poder Judicial debido a la presentación masiva de amparos por parte de las empresas que se dicen afectadas y algunas organizaciones ambientalistas que consideran inconstitucionales los acuerdos presidenciales y un retroceso en el combate al cambio climático.
Durante el primer semestre del año también se espera que se resuelvan los más de 265 amparos presentados por los generadores privados, principalmente los de energía eólica y solar, en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo de 2021, con el que se reformó y adicionó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), dentro de la llamada “judicialización del sector eléctrico” en la que los quejosos (empresas de renovables) han obtenido tres resoluciones favorables del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro.
La Sener se ha visto beneficiada con tres resoluciones de Tribunales Colegiados que consideraron que debe esperarse a que publique la legislación secundaria (reglamentos) para advertir los verdaderos efectos de la llamada “contrarreforma eléctrica” nacionalista de AMLO.
Algunos consultores jurídicos de la iniciativa privada estiman que, de aprobarse el transitorio de la reforma que establece la cancelación masiva de contratos de compraventa de electricidad y permisos de generación eléctrica otorgados. Esto se traduce en una expropiación indirecta de empresas con capital extranjero y es probable que las empresas que rechacen integrarse al nuevo modelo eléctrico propuesto en dicha iniciativa acudan a procesos de resolución de controversias internacionales de reclamación de indemnizaciones contra el gobierno debido a la pérdida de valor de su inversión.
En definitiva, el escenario judicial del derecho energético estará muy activo este año, ya que en los diferentes foros que se han organizado por algunas asociaciones y barras de abogados se ha abordado el tema de la defensa jurídica en contra de las reformas a la constitución en materia energética. Algunos son de la opinión que puede optarse por el juicio de amparo, aunque ya sabemos que es improcedente contra reformas a la constitución (Artículo 61 de la Ley de Amparo).
Lo anterior obligaría al juez federal a pronunciarse en la sentencia mediante el control ex officio de constitucionalidad bajo una visión supra-positivista de la Constitución, privilegiando la progresividad de los derechos humanos, la seguridad jurídica y la confianza legítima sobre los formalismos. Además abriría la posibilidad de que el Tribunal Colegiado también lo analice o incluso que los mismos sean atraídos por la Suprema Corte.