La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta; en entrevista con Escala Legal, organizaciones de la sociedad civil y activistas coinciden en que esta resolución histórica podría impactar en entidades como Nuevo León, donde aún no se despenaliza el derecho a decidir.
La marea verde llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por votación unánime, la cabeza del Poder Judicial de la Federación en México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo.
“Nos corresponde como tribunal pleno reconocer de una vez por todas el derecho fundamental a la interrupción del embarazo”, pronunció Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Corte, el 7 de septiembre.
El órgano autónomo abrió un parteaguas para que todo México avance hacia la despenalización del aborto. Son apenas cinco las entidades que se han pintado de verde: la Ciudad de México en 2007; Oaxaca en 2019; Veracruz, Hidalgo y Baja California este 2021.
“Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión que me parece, si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral y social, individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar”, argumentó la ministra Margarita Ríos Farjat en una de sus intervenciones durante la sesión histórica.
En entrevista con Escala Legal, organizaciones de la sociedad civil y activistas proaborto coinciden en que el máximo tribunal de justicia del país dio un paso inédito pero aún falta que en 27 entidades las mujeres y personas gestantes alcen el puño en alto con el pañuelo verde, entre estas Nuevo León.
“La Suprema Corte manda un mensaje muy fuerte a todas las entidades y, sobre todo, a todos los Congresos locales en el sentido de la importancia de modificar sus tipos penales de manera que se quite la criminalización”, dice a este medio Melissa Ayala, coordinadora de Documentación y Litigio de Casos de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
La Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía la prisión como sanción penal a quien voluntariamente practicara un aborto. Pero el fallo apela al resto de los códigos penales locales.
“Hay que también aclarar que en septiembre, las ministras y ministros, sobre todo en la acción de inconstitucionalidad que versa sobre el Código Penal de Coahuila, dijeron que debe de existir un periodo donde las mujeres y personas con capacidad de gestar no sean criminalizadas. Es decir, la Corte no eliminó por completo la criminalización, sino que determinó que la criminalización total violenta el orden constitucional”, menciona Ayala, de la organización no gubernamental que nació en 1992 con el objetivo de difundir información sobre el aborto en México para posicionarlo como un tema de interés público, de salud y de justicia social.
En México todavía hay normativas que criminalizan el aborto en las primeras semanas de gestación, salvo algunas excepciones que varían en cada uno de los estados, como que el embarazo sea consecuencia de una violación, cuando la vida de quien gesta corre peligro, cuando el producto tiene malformaciones o por causas económicas graves. De tal forma que la resolución de la SCJN sienta un precedente aunque sólo se enfoque en una entidad.
“Las resoluciones de la Corte tienen un impacto en todo lo que es el sistema judicial. En ese sentido, a pesar de que esta resolución estaba orientada sólo a lo que es el estado de Coahuila, al final va a tener un impacto a nivel federal, en todos los jueces del país que no tendrían que proceder en contra de alguna persona por haber abortado”, afirma en entrevista Stephanie Lomelí, oficial de Acompañamiento de Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento).
Fondo MARIA surgió en 2009, tras la legalización del aborto hasta la semana 12 en la Ciudad de México. Tiene la misión de facilitar el acceso efectivo a este derecho de forma segura en la capital del país y la visión de que así ocurra en las 32 entidades.
“Esperamos que justo este fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia comience a traducirse en que los congresos locales comiencen a revisar sus propios códigos penales y las legislaciones con las que cuentan para que dejen de ser criminalizadas aquellas personas que se practiquen abortos volunarios. Ojalá que los estados que falten también se sumen a estas revisiones para que se pueda traducir en un acceso real”, expresa Lomelí.
Cabeza de descanso:Nuevas narrativas en la SCJN
Arturo Zaldívar se desempeña como ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009; el 2 de enero de 2019, fue electo presidente de este órgano que encabeza del Poder Judicial de la Federación.
Su semblanza en la página del máximo tribunal constitucional de México refiere que ha impulsado diversos criterios en materia de igualdad de género, como la obligatoriedad para jueces y juezas de juzgar con perspectiva de género, el desarrollo de parámetros para la pensión compensatoria y el reconocimiento de la doble jornada, así como la posibilidad del reclamo de una indemnización moral por violencia doméstica. De manera que las gafas violetas también han permeado en la Corte.
“Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes”, aseguró Zaldívar en su discurso el 7 de septiembre.
Para organizaciones civiles, esta manera de expresarse es una forma de inclusión y un cambio de narrativa.
“Es importante, en materia de narrativas, que se puedan posicionar instituciones como la Suprema Corte de Justicia. Abona a que haya un reconocimiento del aborto como una opción legítima, empieza a quitarle esa carga negativa que se le ha dado culturalmente”, celebra Stephanie Lomelí, oficial de Acompañamiento de Fondo MARÍA.
Por su parte GIRE, como organización femenista, también reconoce que la SCJN y el presidente de este órgano autónomo incluyan a otros cuerpos con la capacidad de gestar.
“Es algo fundamental que desde la Corte se esté hablando con personas con capacidad de gestar y mujeres, me parece que es un posicionamiento político. Nosotras desde GIRE nos posicionamos como feministas transincluyentes, es decir, afirmamos que las mujeres trans son mujeres”, indica Melissa Ayala, coordinadora de Documentación y Litigio.
Pero estos no son los únicos cambios de narrativas que muestran la perspectiva de género de la cabeza del Poder Judicial de la Federación. En su cuenta de Twitter, la Red de Abogadas Violeta A.C. enlistó siete criterios que tendrán un impacto, principalmente, en la vida de las mujeres:
- La inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto
- La inconstitucionalidad de la protección del producto desde la implantación en las constituciones locales
- La deficiente regulación de la objeción de conciencia
- La necesidad de compensación económica tras un divorcio a quien se dedicó al trabajo doméstico
- El que una mujer trabaje como una razón insuficiente para que pierda la custodia de sus hijas e hijos
- Que las personas en matrimonio o concubinato no son las únicas que pueden ser víctimas de violencia doméstica, también pueden ser otras relaciones
- La esterilización no consentida como violencia obstétrica
“Justo el mayor impacto tiene que ver en esto de las narrativas y de cómo comenzamos a percibir el aborto. Nuestra propuesta por mirar desde un lente distinto empieza a tener otro sentido”, añade Lomelí, de Fondo MARÍA.
Asimismo, el 22 de septiembre la SCJN informó en un comunicado de prensa que, por un acuerdo expedido por el ministro Arturo Zaldívar, otorgará licencias de paternidad por tres meses con goce de sueldo a sus servidores públicos.
“Con las licencias de paternidad se combaten frontalmente los estereotipos de género que presumen que las mujeres deben ser las responsables directas de la crianza y cuidado, imponiéndoles así cargas de trabajo no remunerado que constituyen un obstáculo para su desarrollo económico y profesional”, dice el boletín.
Cabeza de descanso:El derecho a decidir en Nuevo León
En Nuevo León, el aborto sólo está permitido bajo causales como violación, peligro de muerte y riesgo a la salud. Por ello, la resolución de la SCJN motiva a las activistas por el derecho a decidir en la entidad.
“La Corte está reconociendo los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Creo que yo y todas las activistas en México nos sentimos satisfechas con esta resolución pero creemos que todavía hace falta más”, comenta en entrevista Stefanía Bárcenas.
Organizaciones como Fondo MARÍA se dedican a brindar apoyo financiero, emocional, logístico y de información a quienes deciden interrumpir su embarazo. El objetivo es que se ejerza un derecho y no que esto se convierta en un privilegio.
“Es un tema complejo en el sentido de que en otros estados, como el caso de Nuevo León, el aborto voluntario sigue penalizado. Va a tener un impacto directo en la vida de quienes buscan abortar, esto va a implicar que quienes tengan recursos puedan movilizarse hacia otras entidades. Al final no tendrían que estar buscando por otros lados, tendría que ser el Estado el que garantice este derecho”, lamenta Stephanie Lomelí, oficial de Acompañamiento de Fondo MARÍA.
En 2019, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución del estado para reconocer el derecho a “la vida” desde la concepción. Además, en la pasada Legislatura, el diputado Juan Carlos Leal Segovia presentó una iniciativa para modificar el artículo 4º de la Ley de Salud y así evitar la difusión del uso de medicamentos para abortar, como el misoprostol, y promovió reformar el artículo 18º de la Ley de Salud para prohibir los servicios médicos a distancia, o telemedicina, en procedimientos con restricciones legales, como el aborto.
Aunque las propuestas del legislador no han sido aprobadas, la renovación del Congreso de Nuevo León tras las elecciones del 6 de junio de 2021 representa una oportunidad para que en la entidad las mujeres y personas gestantes puedan ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
“Confiamos en que hagan su trabajo, seguiremos en la exigencia del reconocimiento de estos derechos, de que los promuevan y en la observación de su labor legislativa”, indica Stefanía Bárcenas.
Como activista, la directora de ARKALI, Espacio Cultural A.C. seguirá creando conciencia e informando sobre el aborto para quitar el estigma que existe. En ese sentido, pide que la población neoleonesa se acerque a las organizaciones y colectivas como la Asamblea Feminista Nuevo León, en la cual ha participado, para recibir acompañamiento.
Melissa Ayala, coordinadora de Documentación y Litigio de Casos de GIRE, dirige su invitación a las y los diputados del órgano legislativo local. El que se acerquen a la organización es parte de la labor de incidencia en legislación y políticas públicas de esta organización feminista.
“Destaco mucho la labor que se hace desde GIRE en el área de incidencia y política pública, donde se trabaja con las diputadas y los diputados que se han acercado en diferentes estados. Nosotras desde GIRE hemos trabajado con distintos congresos locales que nos han buscado, sobre todo, para lograr entender qué es lo que dijo la Corte y, de manera, muy específica en Nuevo León me parece que aún no se ha trabajado pero nosotras siempre estamos abiertas”, alienta. Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir es uno de los lemas de la marea verde que empapó a la SCJN en este 2021. Ojalá próximamente esta ola inunde así a Nuevo León.
