- La Directora del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores de Nuevo León plantea en este artículo que el envejecimiento poblacional en México exige transitar de un modelo de cuidados privado y feminizado hacia una infraestructura sociosanitaria pública, como lo son los centros de estancia diurna
En México, al igual que en otros países del mundo, se confirma que la población está envejeciendo debido al aumento de la esperanza de vida y a los menores niveles de natalidad. Liu Zhenmin, secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, señala: “Muchas de las poblaciones de más rápido crecimiento se encuentran en los países más pobres, donde el crecimiento poblacional presenta desafíos adicionales para erradicar la pobreza, lograr una mayor igualdad, combatir el hambre y la desnutrición, y fortalecer la cobertura y calidad de los sistemas de salud y educación para no dejar a nadie atrás”.
De ahí surge la interrogante: ¿quién nos va a cuidar?
Este panorama sitúa a las sociedades contemporáneas ante una encrucijada crítica: una creciente proporción de personas mayores alcanza edades avanzadas en condiciones de fragilidad y dependencia funcional, por lo que demandan atención sociosanitaria y cuidados continuos. Históricamente, la respuesta social a la dependencia se ha cimentado en un esquema familista y patriarcal, en el cual el cuidado no se asume como una responsabilidad compartida o un derecho exigible, sino como un deber privado dentro de los hogares, asumido hasta en un 70 por ciento por las mujeres de dichas familias.
En nuestra región, aproximadamente el 90 por ciento de las tareas de cuidado a personas mayores dependientes es provisto por las familias y, dentro de estas, son casi exclusivamente las mujeres quienes las asumen.
Esta asignación se sustenta en la división sexual del trabajo y en mandatos socioculturales que han naturalizado la idea de que las mujeres poseen una capacidad innata para la asistencia, la crianza y el acompañamiento.
Frente a la insuficiencia de servicios institucionales y a la falta de políticas de cobertura universal, el cuidado se ha convertido en una carga desproporcionada que vulnera la autonomía, la salud integral y las oportunidades de desarrollo de millones de mujeres.
En este escenario, la creación y consolidación de centros de cuidado y atención a personas mayores —particularmente los centros de estancia diurna— emerge como un componente inaplazable de la infraestructura social nacional. Su objetivo es redistribuir las responsabilidades y garantizar un envejecimiento digno, tanto para quienes reciben cuidados como para quienes los brindan.
Al asumir estas labores de manera ininterrumpida (las 24 horas del día, los 7 días de la semana), las propias mujeres mayores postergan su autocuidado, desatienden sus tratamientos médicos y comprometen seriamente el tránsito de su propia vejez en favor del sostenimiento de la vida de terceros. Al respecto, es fundamental entender que, si mejoran las actividades de la vida diaria, las familias y las personas cuidadoras dispondrán de más tiempo para sí mismas.
Para sanear y aliviar la carga que representa el cuidado dentro de este panorama, es indispensable diseñar y construir infraestructura sociosanitaria pública. Como se ha señalado, los centros de día y de estancia intermedia constituyen el elemento articulador de una red de servicios que opera con un doble beneficio estratégico: atienden de forma integral a las personas mayores en situación de dependencia y brindan un respiro indispensable a sus familias y cuidadoras. Para el pleno disfrute de estos espacios, es necesario establecer los requisitos mínimos que brinden certeza a ambas partes (a la persona que cuida y a la cuidada), en cumplimiento con la Opinión Consultiva 31 de la CorteIDH sobre las tres dimensiones del cuidado: el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. El cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual dependen la existencia humana y el funcionamiento de la vida en sociedad.
¡Es cuanto!
SOBRE LA AUTORA:
Doctora en Derecho con mención Cum Laude egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; investigadora en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; catedrática de la propia Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, y maestra emérita de la Universidad de Monterrey; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. SNI-CONACYT (2009-2011, 2015-2017 Nivel 1 y 2023-2026 Candidato a Investigador y Nivel I 2027-2031). Directora General del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores ORCID ID 0000-0003-4871-8620. myrna.garciab@nuevoleon.gob.mx
