- La propuesta de sustituir al INE por un INEC buscaba transformar a fondo la autoridad electoral mexicana, pero también planteaba riesgos de politización, pérdida de experiencia técnica y centralización operativa que podrían haber afectado la imparcialidad y la certeza de los procesos.
La idea de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) y sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) ha sido uno de los proyectos más polémicos de la llamada Cuarta Transformación.
Sin embargo, a más de cuatro años de su primera presentación, el cambio de nombre y de estructura radical no se ha concretado.
En abril, la Cámara de Diputados designó a tres nuevos consejeros del INE para el periodo 2026-2035, en una votación marcada por el peso de Morena y sus aliados y el rechazo de la oposición, que cuestionó la falta de consenso y la autonomía del organismo electoral.
Este proceso revivió el debate en torno al INE y en la propuesta de convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como lo planteó
el entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador y que en algún momento contempló Claudia Sheinbaum.
Esa iniciativa representaba una mutación cualitativa en la naturaleza de la autoridad electoral en México.
No se trataba de un simple ajuste de siglas, sino del desplazamiento definitivo de un modelo de «ciudadanización técnica» por uno de «legitimidad popular directa».
Este panorama nos hacía cuestionarnos: si el integrante del consejo electoral ya no obtiene su autoridad de un examen de especialización y un consenso parlamentario de cuotas, sino de la representatividad de su nombre en las urnas, ¿qué queda de la imparcialidad en un diseño que incentiva la politización de su origen?
Con esa propuesta se advertían tres ejes de colisión operativa y jurídica que definirían la gobernanza electoral:
1. El pecado de origen: La postulación como filtro político
La reforma que inicialmente planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador proponía la reducción del Consejo General a siete integrantes.
Al ser los tres Poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— quienes postulan las listas, el consejero iba a nacer vinculado a una estructura de poder específica.
En términos técnicos, esto erosionaba la presunción de independencia: el aspirante electo no dialoga con el electorado general; dialoga con los intermediarios (partidos, grupos organizados y estructuras territoriales) que poseen la logística necesaria para movilizar el voto hacia su casilla.
El riesgo para el foro especializado era enfrentarse a una autoridad que, en casos de alta visibilidad, no aplicara un método interpretativo estricto, sino uno orientado a proteger la base de apoyo que lo llevó al triunfo.
2. El vacío de la tecnocracia: El sacrificio de la memoria operativa
La supresión del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) es, quizá, la medida más regresiva en términos de certeza jurídica.
La organización de una elección no es un acto de fe voluntarista; es un proceso de ingeniería legal y logística de alta precisión. Al sustituir un cuerpo técnico permanente, evaluado y especializado, por estructuras compactas o temporales contratadas por proceso, el capital técnico que permitía garantizar resultados incuestionables se diluye en una peligrosa curva de aprendizaje. Para el litigante, esto significa un aumento exponencial en las posibles causales de nulidad por errores en la cadena de custodia y el manejo de paquetes, ahora bajo la responsabilidad de una estructura nacional centralizada que carece de memoria institucional.
3. La centralización como Leviatán logístico
La reforma al INE también contemplaba la extinción de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), trasladando la totalidad de la carga operativa de miles de elecciones municipales y estatales a una sola instancia federal.
Desde una perspectiva administrativa, se prometía un ahorro del 25%, pero desde la óptica legal, se generaba un abismo de incertidumbre federalista.
La centralización ignora las particularidades regionales y asume que una estructura compacta en la Ciudad de México puede gestionar con la misma eficacia el despliegue territorial que antes coordinaban 32 institutos autónomos.
El resultado previsible era un colapso operativo que ponía en riesgo la instalación de casillas y el flujo de información oficial en tiempo real.
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