- México enfrenta el reto de equilibrar el control migratorio con la protección de derechos humanos, en un contexto de creciente presión estadounidense y flujos migratorios diversos. Aunque su marco legal es sólido, persisten contradicciones entre la norma y su aplicación, que vulneran la dignidad y seguridad de miles de personas en tránsito.
México, dada su ubicación geográfica juega un papel crucial en el flujo migratorio internacional.
El país no solo sirve como ruta de tránsito para aquellos que buscan llegar a Estados Unidos o Canadá, sino también como destino para quienes buscan oportunidades laborales, refugio o jubilación.
Este papel se ha intensificado tras el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, como el programa «Remain in Mexico» (MPP) y la orden ejecutiva EO 14159 del 20 de enero de 2025.
Sin embargo, esta situación plantea un desafío importante para el país, ya que se debe asegurar el respeto a los derechos humanos de los migrantes mientras se mantiene el control de las fronteras.
La migración que atraviesa México presenta diversas facetas. Tradicionalmente, ha involucrado a países vecinos como Honduras, El Salvador y Guatemala.
No obstante, en los últimos años se ha diversificado, incluyendo migrantes de Venezuela, Haití, Cuba, Colombia y regiones más lejanas de África y Asia.
Los factores que impulsan esta migración son diversos: violencia, colapso institucional, pobreza extrema y desastres naturales, cambio climático y las crisis económicas.
Entre enero y marzo de 2024, se registraron 360,146 eventos de personas en situación migratoria irregular por la autoridad migratoria mexicana (OIM, 2024).
Aunque muchos migrantes buscan llegar a Estados Unidos, un número creciente se ve obligado a permanecer en México debido a restricciones como el programa «Remain in Mexico,» reinstalado en 2025.
En respuesta, México ha aumentado su colaboración con Estados Unidos, desplegando más de 10,000 elementos de seguridad en la frontera sur, afectando directamente el patrón de tránsito migratorio.
México: frontera de derechos… y abusos
El marco jurídico mexicano es, en principio, robusto y busca garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción por nacionalidad o situación migratoria.
La Ley de Migración establece principios como la no criminalización del migrante, la protección de grupos vulnerables, y el respeto al debido proceso.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte, en el artículo 1º prohíbe la discriminación; el artículo 11 garantiza la libertad de tránsito, y el artículo 33 regula la expulsión de extranjeros, aunque con cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
A nivel internacional, México ha suscrito instrumentos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y más recientemente el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Estos compromisos obligan al Estado mexicano a garantizar derechos como el acceso a la salud, educación, justicia y condiciones dignas de alojamiento, independientemente del estatus migratorio.
No obstante, persisten contradicciones importantes entre la norma y su aplicación.
La detención migratoria en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) es una práctica común, con períodos prolongados que contraviene tratados internacionales.
Además, los operativos del INM, muchas veces acompañados por la Guardia Nacional, han sido criticados por usar perfiles raciales y criterios arbitrarios para detener personas, lo cual vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.
Uno de los principales desafíos que enfrenta México como país de tránsito es la presión constante por parte de Estados Unidos para detener o contener el flujo migratorio.
A la par, los migrantes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad: sufren extorsión, secuestro, trata de personas y violencia sexual durante su paso por territorio mexicano.
CONCLUSIÓN
México, como país de tránsito migratorio, tiene una responsabilidad doble: cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y asegurar un manejo ordenado y legal de los flujos migratorios.
Esto exige políticas migratorias integrales, sostenibles y sensibles a las realidades humanitarias, que no estén subordinadas exclusivamente a intereses externos.
Si bien la legislación mexicana ofrece un marco adecuado para la protección de las personas migrantes, su efectividad depende de factores fluctuantes como la voluntad política o la capacitación de funcionarios.
