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Justicia Ambiental, una deuda en el Estado de Bienestar

Justicia Ambiental, una deuda en el Estado de Bienestar

De inicio el nuevo modelo propuesto por el gobierno de la 4 Transformación parecía que significaba un progreso en la protección del medio ambiente, sin embargo hasta el momento representa una continuidad de las políticas  del periodo neoliberal

Luis Gerardo Fernández | luisf@zarateabogados.com | Escala Legal | A1V8

A principios de la década de los años 90’s del siglo pasado, y después de varias décadas de conducirse guiado por un modelo estatista, unipartidista, presidencialista, con marcadas crisis económicas y ambientales, así como un clima de profunda inestabilidad social, el Estado mexicano transitó a un modelo de corte liberal referido por algunos como “neoliberalismo”.

Este cambio de paradigma intentó influir en el desarrollo económico, a través de la aplicación de políticas que limitaron en gran medida el papel del estado, y sustancialmente fomentaron la desregularización de los mercados, la globalización, el libre comercio, la privatización de grandes sectores estratégicos y el aumento de la participación del sector privado en la economía y la sociedad, siendo estos últimos los principales destinos de los objetivos de inversión.

El hito de esta transición fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1992, del que se derivó el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). 

Con ello se configuró lo que sería un sistema que obligaría al Estado mexicano, a implementar su incipiente legislación ambiental y a crear un marco legislativo que permitiera garantizar así la protección del medio ambiente y los recursos naturales para todas y todos los mexicanos.

Sin embargo, diversos indicadores, mostraron que la aplicación de políticas medioambientales en México era virtualmente inexistente, y que, se encontraba fuertemente limitada por los intereses económicos de aquellos individuos o grupos que controlaban los diversos mercados existentes, en conjunción con una escasa vigilancia estatal y/o complacencia o colusión.

Así entonces, debido a su naturaleza y a las graves afectaciones en materia medio ambiental, asociadas a su operación, estimo prudente traer a colación el caso de la minería en México durante el periodo antes referido respecto del medio ambiente. 

Situación de la cual según un artículo periodístico de 2017, queda constancia que en 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advirtió a la Secretaría de Economía, acerca de que los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal eran mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encontraba garantizado el correcto uso ni aprovechamiento de los recursos naturales, y por ende no se proporcionaba beneficio alguno a la nación por su aprovechamiento.

La misma nota, refiere que, según datos del propio Gobierno federal, este otorgó 17,785 títulos de concesión minera entre diciembre del 2000 y junio del año 2015, y de los cuales, en términos de extensión de tierra, significó que el estado mexicano cediera tanto a particulares nacionales como extranjeros 9,491,033 millones de hectáreas de superficie, que representan alrededor de 4.8% de la superficie continental de México.

Superficie que, en muchos casos, según J. Jesús Lemus, confluía y/o invadía terrenos ejidales y de comunidades indígenas, que tal y como describe en su libro, “México a cielo abierto”, son exterminados cuando se resisten, contravienen o buscan justicia, frente a las presiones políticas y económicas de presuntos grupos de poder formados por operadores mineros, nacionales y extranjeros, las propias autoridades mexicanas y el narcotráfico.

Aseveraciones que encuentran sustento además en datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), mismo que refiere que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se cometieron 68 asesinatos y 460 eventos de agresión en contra de defensores ambientales, particularmente ligados a la defensa de terrenos ejidales y comunales frente a estos grandes capitales.

Ahora, si bien el marco legislativo en materia de protección al medio ambiente se incrementó durante el denominado “periodo neoliberal mexicano”, no así su aplicación, lo cual indudablemente sembraría muchas dudas sobre la incidencia del propio sistema económico en cuestión respecto de la configuración de un estado de derecho, que limite el poder económico.

En el artículo “Neoliberalismo ¿Sobrevendido?”, economistas investigadores encargados del Departamento de Estudios e Investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), citan evidencia científica estadística para describir la expansión de la aplicación de políticas “neoliberales” desde 1980 en diversos países del mundo, y demuestran la correlación existente entre un crecimiento bajo, marcado por ciclos de auge y caída, y un aumento generalizado de la desigualdad económica y social en dichos países, que señalan, pone peligro su aplicación y expansión duradera.

Entonces, como se podrían instrumentar políticas de protección al medio ambiente, si el sistema económico incide en su aplicación, e impide que se apliquen limitaciones provenientes del sector público y la sociedad civil, a los diversos mercados desregulados completamente.

Y es que, como el propio Joseph Schumpeter refirió, los automóviles que pueden correr más rápido son los que tienen frenos, así los mercados mas eficaces son aquellos que cuentan con dichas limitaciones, y en una lógica que busca maximizar la rentabilidad económica, ¿por qué no fueron incorporadas dichas medidas?

Circunstancia que me conduce a pensar, sobre si la protección medio ambiental, es compatible con una lógica de crecimiento infinito respecto del aprovechamiento y explotación de recursos finitos, como son los recursos naturales.

Fue que, como resultado de las externalidades negativas producidas por este modelo económico, se gestaron las condiciones sociopolíticas para el advenimiento de un nuevo orden político mexicano, que al menos en el papel rechazaría al anterior y significaría un nuevo cambio de paradigma.

A casi dos años de la instauración, la radiografía muestra que el cambio propuesto por este nuevo régimen ha resultado ser una “quimera” que mantiene muchas características similares al modelo neoliberal.

Sin embargo, a casi dos años de su instauración, la radiografía muestra que el cambio propuesto por este nuevo régimen ha resultado ser una “quimera” que mantiene muchas características similares al modelo neoliberal.

Ahora, al menos en el papel, el cambio propuesto por la llamada cuarta transformación, hacia un modelo conocido como “estado de bienestar”, parecía que significaría, un progreso significativo en el cuidado y protección del medio ambiente. 

Empero, la incontrovertible cercanía de grupos empresariales con el gabinete presidencial y su toma de decisiones; las drásticas reducciones al presupuesto de los entes encargados de la vigilancia y conservación del medio ambiente; la política gubernamental en materia energética; y la imperiosa necesidad de fortalecer y continuar con la ejecución de megaproyectos con marcados impactos medio ambientales, como la Refinería Dos bocas y el Tren Maya, me conducen inexorablemente a advertir que hasta ahora el nuevo modelo propuesto, de ninguna forma podrá servir para proteger el medio ambiente, y si podría continuar e incluso agravar los impactos en materia medio ambiental, antes observados en el periodo neoliberal.

Ante esto, han surgido corrientes dentro del empresariado mexicano que pretenden reformar la perspectiva neoliberalista, tan fortalecida en las últimas décadas, a fin de reorientarla hacía un modelo similar al de una economía social de mercado ajustado a la realidad mexicana. 

Bajo el concepto de “capitalismo social”, pretenden impulsar un modelo económico que contribuirá al bien común y generará desarrollo económico.

Ahora, es claro que esta nueva propuesta, es una suerte de readaptación de diversos principios ordo liberalistas del siglo pasado, que pretenden anclarse en un pasado de crecimiento prospero, tanto económico como social. Un pasado que sentó las bases del crecimiento de grandes núcleos urbanos como la Zona Metropolitana de Monterrey. 

En el país han surgido corrientes dentro del empresariado mexicano que pretenden reformar la perspectiva neoliberalista, tan fortalecida en las últimas décadas, a fin de reorientarla hacía un modelo similar al de una economía social de mercado ajustado a la realidad mexicana.

Sin embargo, ¿hasta donde el progreso y desarrollo de esta y otras urbes, fue y es respetuoso del medio ambiente y sus habitantes? ¿Hasta qué punto puede ser compatible la protección al medio ambiente con el desarrollo económico infinito? 

El político y ecologista francés, Florent Marcellesi, señala que pensar en un modelo a largo plazo, basado en el crecimiento económico continuo de un país, o de su Producto Interno Bruto, es imposible. Ya que sería inviable sostener un modelo que pretenda subsanar el crecimiento infinito en un planeta finito, lo que a su vez a provocado una profunda crisis existencial a la humanidad, de carácter ecológico, social, económico, ético y democrático.

Asimismo, señala la imperiosa necesidad de replantear nuestro modelo hegemónico de conducirnos como humanidad, por uno donde se instale la justicia ambiental y social al centro.

Uno que permita, la transición ecológica de la economía y de la sociedad, y que abandone la economía del crecimiento continuo, por otro donde la primen valores como la autogestión, la solidaridad, la calidad, la sostenibilidad y sobre todo la participación ciudadana. 

También señala que dicha transición implicara modificar la noción de “poder adquisitivo”, por el “poder de vivir bien”, como una cuestión medular para alcanzar dichos objetivos. 

Y pone como al poblado francés Loos-en-Gohelle, como un ejemplo de esta transición en nuestros días. Un pueblo de tradición minera que tras su periodo más profundo de crisis económica, realizó una reconversión verde de su economía, sustentándola fundamentalmente en la bioconstrucción, las energías renovables, la investigación, la movilidad sostenible, así como la democracia participativa, la transversalidad de todas sus políticas públicas (sociales, económicas y ecológicas) e incorporando una visión de largo plazo de dos vertientes, (local y global), y que se vale precisamente de su memoria e identidad minera, como motivo de orgullo y para continuar gestando dicho cambio cultural.

Los próximos años en nuestro país serán cruciales para determinar como es que se crearán las condiciones, o se destruirán, para salvaguardar el medio ambiente. 

En este choque de visiones, lo que deberá prevalecer serán los esfuerzos que en conjunto se realicen para salvaguardar nuestro medio ambiente y la suma de todas las iniciativas será crucial para ello. 

Lo que creo no debemos olvidar es que venimos al planeta a ser felices con las cosas indispensables para ello, como el amor, nuestro cuidado y el cuidado de los demás. 

Y como dijera alguna vez José Mujica, nuestro modelo de desarrollo no puede actuar en contra de la felicidad, ya que es precisamente la felicidad humana, el primer elemento que constituye el medio ambiente. 

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