- La Fiscalía Ambiental de Nuevo León, creada el 10 de mayo de 2025, es un avance clave para enfrentar la contaminación en el estado, donde muchas grandes empresas incumplen normativas ambientales. Sin embargo, enfrenta el reto de coordinarse con autoridades federales y municipales para abordar eficazmente a los grandes emisores, más allá de su limitada competencia individual.
La creación de la Fiscalía Ambiental de Nuevo León el 10 de mayo de este año representó un avance significativo donde la problemática ambiental es notoria, el 52.2 por ciento de las grandes unidades económicas incumplen las normativas ambientales sobre residuos y emisiones.
No obstante, los primeros datos de transparencia, actualizados al 10 de septiembre de 2025, llevan a una conclusión clara: aunque la Fiscalía ya cuenta con un marco legal sólido, lo que realmente falta ahora es lograr una eficacia operativa tangible.
Desde su creación, la Fiscalía ha recibido un total de 354 denuncias/querellas, que corresponden a delitos como el maltrato animal, provocación de incendios y la gestión ilegal de desechos (escombro, basura y desechos metálicos).
Los números y cuello de botella
El desafío se revela en el estatus de los trámites, ya que 212 carpetas (aproximadamente el 60 por ciento) se encuentran en etapa de investigación complementaria, y 118 están en trámite de investigación inicial.
Si bien esta concentración en las etapas iniciales podría señalar un cuello de botella, la verdad es que la creación de la Fiscalía es demasiado reciente.
Apenas a finales de julio, la unidad aún se encontraba en integración, reuniendo perfiles y adecuando las oficinas. Creo que es prematuro exigir sentencias, pero el reto en el corto-mediano plazo será transformar esas carpetas en resultados tangibles.
El mito del «Gran Emisor» y la competencia
Una crítica recurrente hacia la Fiscalía Ambiental es que «deja fuera a los grandes emisores».
No obstante, no debemos olvidar que la Fiscalía Estatal muchas veces carece de competencia legal para perseguir a las empresas más contaminantes (no siempre).
La vigilancia, verificación y sanción, ya sea por su tamaño o por el tipo de contaminantes que generan, corresponde casi siempre a la autoridad federal.
Por ello, el rendimiento de la Fiscalía Ambiental de Nuevo León debe medirse también por su eficacia en la remisión y coordinación de casos con las autoridades municipales o federales, lo cual exige una coordinación interinstitucional eficiente, y no solo una capacidad investigadora interna.
Lecciones del modelo CDMX
En la Ciudad de México, desde el 2016 se consolidó la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU) por lo que podemos tomar su ejemplo para aprender lecciones valiosas.
Esta dependencia se encarga de investigar delitos ambientales y de desarrollo urbano (invasión y despojo), a diferencia de la Fiscalía de Nuevo León que solo investiga en materia ambiental.
No obstante, el modelo de la FIDAMPU ha sido objeto de crítica en muchas ocasiones, ya que se señala que se fundó como respuesta a la problemática inmobiliaria y solo anexó la parte ambiental, siendo que lo urbano acapara la mayor parte de la atención y recursos.
Además, se ha señalado la urgencia de aumentar el número de peritos especializados en diversas ramas ambientales (tanto de campo como de gabinete) y la necesidad de un incremento presupuestal para invertir en tecnología que acelere la investigación de delitos ambientales complejos.
Conclusión: De la Intención a la Eficacia
La Fiscalía Ambiental de Nuevo León arranca con el pie derecho en la denuncia ciudadana, pero con el gran desafío de la integración y el presupuesto.
Es relevante señalar que el presupuesto para 2025 se aprobó en febrero, antes de la existencia legal de esta Fiscalía, por lo que este año no cuenta con una partida propia.
Para evitar caer en la misma percepción de ineficacia que se critica en la CDMX, sugiero considerar lo siguiente:
- Transparencia de Recursos. Es urgente transparentar el presupuesto interno asignado para 2026 y asegurar que el personal sea suficiente y especializado.
- Resolución y acuerdos. El objetivo no es solo la cárcel, sino que la ciudadanía conozca los resultados conclusivos o acuerdos reparatorios.
- Colaboración Interinstitucional. Todos los órdenes de gobierno deben sumar, con suficientes recursos económicos, para abordar este tema sin duplicar competencias.
El avance se evidenciará cuando su especialización se traduzca en una elevada tasa de éxito en la conclusión de casos, logrando demostrar que el esfuerzo invertido en la creación de una nueva Fiscalía ha sido justificado, no solo para atender a la ciudadanía, sino para contribuir a una transformación positiva de la realidad ecológica del estado.
