- Este artículo analiza la reciente aprobación de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización y revisa la evolución de las políticas de mejora regulatoria en México y reflexiona sobre los retos y oportunidades que enfrenta esta iniciativa para lograr una administración pública más eficiente y accesible
La excesiva burocracia en los trámites y servicios gubernamentales representa una carga significativa tanto para ciudadanos como para empresarios en México.
Para éstos, implica un obstáculo para el desarrollo de su actividad empresarial, mientras que a aquellos dificulta el acceso a servicios públicos básicos y el goce pleno de sus derechos.
De acuerdo con datos de México Evalúa, los pequeños negocios en México necesitan en promedio 506 horas al año para cumplir con trámites burocráticos y obligaciones regulatorias, afectando la productividad y el desarrollo económico.
A nivel individual, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, los ciudadanos destinan en promedio 6.9 horas por trámite, lo que impacta su calidad de vida.
Ante el elevado costo que la burocracia representa para la sociedad, el pasado 30 de enero el gobierno federal anunció la creación de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que también podría llamarse “Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción”.
¿Su objetivo? Unificar y sistematizar la simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Con ello, se busca reducir la cantidad de trámites, eliminar requisitos innecesarios, agilizar los tiempos de respuesta y digitalizar al menos el 80 por ciento de los procedimientos administrativos.
El pasado 19 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular por mayoría el dictamen a la minuta que reforma los artículos
25 y 73 de la Constitución Política, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
La reforma al artículo 25 busca establecer la obligación de los tres órdenes de gobierno de implementar políticas públicas de simplificación administrativa. Por su parte, la modificación al artículo 73 otorgaría al Congreso la facultad para expedir una ley nacional en la materia.
En el régimen transitorio, precisa que en un plazo que no excederá de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación a que se refiere para expedir la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización.
Evolución de la Mejora Regulatoria en México
Este importante paso en materia de mejora regulatoria se suma a una serie de medidas que el gobierno ha implementado desde la década de 1980, para mejorar la eficiencia, reducir los costos y fomentar la accesibilidad de la gestión pública.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, se reforzó la necesidad de reducir la carga burocrática y facilitar la actividad económica.
En 2000, se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), ahora conocida como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), con el objetivo de evaluar y optimizar regulaciones gubernamentales.
Desde entonces, diversas reformas han impulsado la digitalización de trámites y la simplificación normativa.
A lo largo de las últimas administraciones en México, los Planes Nacionales de Desarrollo han presentado como constante la mejora regulatoria y la simplificación de trámites para impulsar la eficiencia gubernamental y la competitividad económica.
Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), se implementó el Programa de Mejora de la Gestión Pública, con el objetivo de simplificar trámites administrativos y reducir la carga burocrática.
Posteriormente, en la administración de Felipe Calderón (2006-2012), se fortalecieron las políticas de mejora regulatoria, destacando la creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), organismo encargado de evaluar y optimizar las regulaciones gubernamentales para hacerlas más eficientes y accesibles.
En el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se lanzó la Estrategia Digital Nacional en 2013, con el objetivo de adoptar y desarrollar Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en México, buscando modernizar la administración pública y facilitar la interacción entre ciudadanos y gobierno.
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se implementó la Ley General de Mejora Regulatoria en 2018, promulgada en la última etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta ley estableció nuevas estructuras y programas para optimizar la regulación y simplificar los procedimientos administrativos.
Retos y oportunidades
La simplificación administrativa y la mejora regulatoria han sido ejes recurrentes en la modernización del Estado mexicano. En este contexto, la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización se perfila como un paso decisivo para agilizar trámites y fortalecer la eficiencia gubernamental.
No obstante, su éxito dependerá no solo de su aprobación legislativa, sino de su implementación efectiva, garantizando que los ciudadanos y empresarios experimenten una reducción real en tiempos y costos asociados a los trámites gubernamentales.
La digitalización y eliminación de barreras burocráticas deben traducirse en mayor eficiencia, menor corrupción y un entorno más propicio para el desarrollo económico y social.
La experiencia demuestra que una regulación eficiente es clave para fortalecer la competitividad y la confianza en las instituciones, por lo que la ejecución de esta iniciativa marcará un precedente en la consolidación de un gobierno más accesible, innovador y al servicio de la ciudadanía.
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