A lo largo de la historia, la sociedad ha enfrentado diversas batallas para alcanzar el respeto a los derechos humanos, buscando garantizar una vida plena bajo los principios de justicia, equidad y el derecho a vivir en un ambiente sano para cada persona.
Dentro de los derechos humanos se reconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), establecidos en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptada el 20 de noviembre de 1989 y que entró en vigor en septiembre de 1990.
A partir de esta Convención, México se comprometió a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para garantizar la efectividad de los derechos que corresponden a niñas, niños y adolescentes en el país.
Cuando esta Convención fue aprobada, México reconoció de manera obligatoria los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tales como el derecho a la salud, al agua, al libre desarrollo, a la educación y a un medio ambiente sano, entre otros.
Los 32 estados de la República aceptaron de forma obligatoria las cuatro obligaciones principales: garantizar, promover, respetar y proteger, basándose en los principios de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Tanto las obligaciones como los principios mencionados anteriormente tienen su fundamento en el artículo primero de la Constitución.
México no sólo respondió reconociendo estos derechos en la Constitución, sino que también desarrolló una ley, publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, bajo el nombre de “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Esta ley, expedida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, incluye seis títulos, alrededor de 154 artículos y una serie de transitorios.
Es importante añadir que, a nivel estatal, Nuevo León cuenta con la “Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” para el propio estado, la cual garantiza la protección a cargo de las autoridades estatales y municipales, formulando proyectos basados en los principios, valores y disposiciones ya adheridos a la Constitución Federal, local y tratados internacionales.
El objetivo es que esta ley sea aplicada bajo un ordenamiento jurídico digno, que proteja el ejercicio igualitario de los derechos de los menores.
No obstante, aunque los menores de 18 años tengan reconocidos estos derechos humanos, surgen las siguientes preguntas: ¿Tienen realmente una infancia justa? ¿Disfrutan de una niñez digna para su desarrollo recreativo y esparcimiento?
En respuesta a la primera pregunta, según estadísticas, más del 54.6 por ciento de los infantes en México sufren problemas severos de pobreza extrema, salud, familia, educación y alimentación.
En cuanto a la segunda pregunta, la diversidad de problemas mencionados anteriormente provoca que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes no tengan las mismas oportunidades, lo que resulta en que 4 de cada 10 niños en México enfrentan al menos un problema durante su infancia.
Su desarrollo recreativo se ve afectado por la inseguridad, ya sea debido a la localización de sus viviendas o a la falta de atención de los municipios en la adecuación de canchas e instalaciones deportivas, entre otros. En cuanto al esparcimiento, muchos de los que tienen acceso a oportunidades dignas no las aprovechan debido al uso de aparatos electrónicos a una edad muy temprana, como celulares, computadoras y videojuegos.
En conclusión: es fundamental cuidar y darle la importancia debida a los menores de edad, ya que la infancia es una etapa clave de la vida que influye en los resultados futuros en todos los aspectos.
Además, al cuidar de los menores, se está construyendo el futuro del país, ya que ellos representan literalmente el futuro de la nación. Como sociedad, no deberíamos permitir que los menores crezcan en condiciones de privación y desventaja.
