La ambiciosa reforma electoral de Claudia Sheinbaum concluyó en abril su accidentado tránsito legislativo.
Lo que inició como una cirugía mayor al sistema democrático terminó en un ajuste administrativo de bajo impacto.
El balance es claro: pragmatismo sobre transformación.
La derrota constitucional en la Cámara de Diputados reveló la primera grieta real en el bloque oficialista.
Al intentar eliminar las plurinominales y recortar el 25% del financiamiento, la Presidenta no solo enfrentó a la oposición, sino que amenazó la supervivencia de sus aliados, el PT y el PVEM.
El mensaje fue contundente: no hay lealtad que valga el suicidio político.
Ante el bloqueo, el Gobierno operó una retirada táctica hacia leyes secundarias.
El resultado fue un paquete fue un «ajuste de cinturón» centrado en:
- Recortes locales: Reducción de regidurías y presupuestos en organismos electorales estatales.
- Control financiero: Fiscalización estricta y regulación de IA en campañas.
- Austeridad: Topes salariales para funcionarios electorales.
El edificio estructural del Congreso y el INE permanece intacto. Sheinbaum entrega una versión «descafeinada» de su promesa original, logrando ahorros operativos pero fallando en la reconfiguración del poder.
