- En México, los partidos políticos han buscado históricamente influir en la integración y decisiones del Poder Judicial, una tendencia que persiste con la reciente reforma judicial que introduce la elección popular de jueces y magistrados.
En la historia reciente de México, los partidos políticos con representación significativa en el Congreso o cuyos miembros han ocupado la Presidencia de la República han intentado, con diversos grados de éxito, influir en la selección de integrantes de los poderes judiciales, tanto a nivel federal como local, así como en la resolución de asuntos judiciales relevantes para sus intereses.
Esta ambición de intervenir en el Poder Judicial es comprensible, dado el creciente poder de este órgano para influir en la implementación de políticas públicas, mediante las cuales los partidos gobernantes buscan legitimarse ante el electorado.
La reciente reforma judicial, que introduce un sistema de selección basado en el mérito y el voto popular, crea un nuevo escenario donde los partidos pueden explorar formas innovadoras de influir en la conformación del Poder Judicial.
Entre estas estrategias se encuentran: elegir a personas cercanas a un partido como miembros de los comités del Poder Legislativo y Ejecutivo que determinan la elegibilidad e idoneidad de los aspirantes y organizan el proceso de insaculación, para definir a las personas que serán candidatas.
Además pueden hacerlo promoviendo el voto entre sus afiliados y simpatizantes para favorecer candidaturas alineadas con sus intereses o ideología, el día de la jornada electoral.
Independientemente de nuestra postura sobre estos nuevos mecanismos de influencia, es innegable que, en el marco de la regulación anterior, los partidos en el poder ya intervenían en la conformación del Poder Judicial y en sus decisiones, tanto por vías legales como ilegales.
El cambio actual puede percibirse como positivo o negativo, dependiendo de si se prefiere un sistema de frenos y contrapesos robusto o uno que fomente mayor colaboración y diálogo entre poderes.
No obstante, debemos asumir el compromiso de evitar que la ambición partidista se desborde, llevando a prácticas ilícitas como el uso indebido de recursos públicos o la compra de votos.
La reforma también ha impactado las aspiraciones de los profesionales del Derecho. Muchos académicos y litigantes, que antes veían como inalcanzable la posibilidad de ocupar un cargo judicial de alto nivel, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, ya que bajo el nuevo sistema ya no se reservan vacantes para que sean ocupadas exclusivamente por funcionarios judiciales.
Sin embargo, esto ha frustrado las perspectivas de carrera de muchos de esos funcionarios.
Ellos alegan que es injusto que hayan dedicado años a la carrera judicial con la esperanza de ser vencedores en los concursos internos de oposición del sistema anterior, basados en el mérito, y que ahora cambien las reglas de manera tan drástica. El nuevo sistema valora habilidades que muchos nunca pensaron desarrollar, como las necesarias para conseguir apoyo ciudadano a sus candidaturas.
Existe también un deseo más oscuro y discreto: el anhelo de que la elección fracase y se revierta la reforma judicial. Algunos lo desean por conveniencia personal, otros por convicciones ideológicas.
Los numerosos desafíos logísticos y regulatorios de la elección, como los requisitos estrictos para los debates, o el alto número de candidaturas por las que tiene que votar cada ciudadano, alimentan estas esperanzas.
Sin embargo, parece improbable que este deseo se cumpla, dada la importancia que el partido en el poder le ha dado a la reforma y la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que permite a los funcionarios públicos promover el voto, que sin duda será aprovechada por aquellos que pretende que la elección tenga éxito.
Lo más preocupante es que, a pesar de la magnitud de la reforma, muchos ciudadanos mantienen una constante indiferencia hacia el Poder Judicial: se sigue percibiendo desconocimiento y apatía generalizada en relación a la elección de personas juzgadoras, a pesar de que las campañas ya empezaron.
Esto sugiere que el problema de legitimidad del Poder Judicial va más allá de una cuestión de imagen pública y se basa también en que su actuar, por la razón que sea, no ha beneficiado a los sectores mayoritarios de la población.
Para que esto cambie, deberíamos enfocar nuestra atención en temas más profundos que la elección, como la evaluación de las personas juzgadoras y la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
