El proyecto de la SCJN no sólo pretende invalidar la elección de jueces y magistrados, contemplados en la reforma judicial, sino también otros aspectos que se consideran que vulneran la autonomía del Poder Judicial, la tutela judicial efectiva y derechos humanos esenciales.
Las disposiciones que se proponen para invalidar parcialmente la reforma judicial en el proyecto que someterá a votación el Ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá, está principalmente los cambios en el método de selección de jueces por voto directo, al considerarse que afecta la independencia judicial.
“El sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático. No existe certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas.
“No existe certeza para los candidatos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los espacios públicos ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña», argumenta el Ministro en su proyecto.
El proyecto propone validar la elección por voto popular como plantea la reforma judicial pero exclusivamente para ministros y magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También el proyecto propone declarar la invalidez de los artículos de la reforma judicial que permitían al Tribunal de Disciplina atraer procedimientos sobre «hechos que las leyes señalan como delitos» o que afecten «la administración de justicia o principios de objetividad”.
Además el resolutivo propone invalidar el Artículo 107 en sus fracciones II y X, eliminando la prohibición de que los efectos generales se apliquen en sentencias de amparo, argumentando que esta limitación afecta el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, especialmente en contextos de derechos colectivos y de comunidades indígenas.
Y el proyecto incluye la eliminación de ciertas disposiciones en el Artículo 20, respecto a los jueces sin rostro, indicando que tales disposiciones vulneran la autonomía judicial.
La acción de inconstitucionalidad 164/2024, junto con las acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024, fue promovida por el PAN, PRI y MC, en contra de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en reiteradas ocasiones, ha manifestado públicamente que la Corte está impedida legalmente para frenar la reforma judicial que fue aprobada por el Congreso el pasado mes de septiembre.
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