- La seguridad y la violencia, el crecimiento económico, los megaproyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, además del caso Ayotzinapa, forman parte de los principales pendientes que dejará el presidente Andrés Manuel López Obrador a la próxima presidenta de México.
El próximo 1 de octubre Andrés Manuel López Obrador dejará de ser presidente de México y entregará la banda presidencial a la próxima presidenta de México.
Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, cualquiera de las dos que gane la elección presidencial del 2 de junio, enfrentará una serie de desafíos y pendientes dejados por el gobierno del presidente López Obrador.
Entre estos desafíos se encuentra sin duda la seguridad en el país, los programas sociales y el tema de salud y económico que requieren atención inmediata para garantizar el bienestar y la estabilidad del país.
Pero también la nueva presidenta de México deberá consolidar las megas obras de la 4T como son el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
El caso Ayotzinapa es sin duda el mayor pendiente en justicia y en derechos humanos que deja el presidente López Obrador.
Inseguridad y violencia
El sexenio de AMLO será el más violento de todos los tiempos, superando incluso a los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En lo que va del sexenio, de diciembre del 2018 a marzo del 2024, se habían cometido 180 mil 609 homicidios dolosos en el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este número supera las 120 mil muertes violentas registradas durante el sexenio de Felipe Calderón y las 156 mil cometidas en los 6 años de Enrique Peña Nieto.
Es innegable que en el último año se ha observado una tendencia a la baja en este indicador.
Sin embargo, esta disminución contrasta con la persistencia de hechos violentos que acontecen a diario en diversas zonas del país, como Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, lo cual pone en entredicho los avances reportados.
La próxima presidenta de México heredará como principal desafío el problema de la inseguridad y la violencia en el país.
Esta situación exigirá incluso una revisión de la estrategia de seguridad implementada en este sexenio.
El nuevo gobierno también tendrá que evaluar la actuación de la Guardia Nacional, creada durante en este gobierno, para combatir principalmente a los cárteles de la droga en el país.
El Congreso federal tiene pendiente la aprobación de la reforma enviada por el presidente López Obrador en febrero pasado. Esta reforma busca integrar la Guardia Nacional dentro del régimen militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, diferente a su ubicación actual en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de naturaleza civil.
El presidente ha dicho que una vez que concluyan las elecciones del 2 de junio y si su Partido Morena y aliados consiguen la mayoría en las cámaras legislativas, durante septiembre, el último mes de su mandato, buscará que sean aprobadas esta y varias reformas más.
Los nombramientos que realice la nueva mandataria del país en las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina serán fundamentales para abordar el desafío de la violencia en México y para llevar a cabo la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
Estas designaciones determinarán la dirección y la estrategia que se adoptarán para enfrentar estos problemas, así como la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las políticas de combate al crimen organizado.
Cabeza de descanso: Reactivación de la economía
El crecimiento acumulado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el más bajo de las últimas 6 administraciones con un aumento del PIB de apenas un 4.2 por ciento, de acuerdo con el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El mayor crecimiento sexenal se dio entre 1988 y 1994 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con un incremento del PIB del 27% en seis años.
«El sexenio en términos de crecimiento del PIB ha sido poco satisfactorio, en poco por factores como el COVID, pero principalmente, por falta de aceleración de la inversión», opinó recientemente Everardo Elizondo, ex subgobernador del Banco de México y profesor del Tec de Monterrey.
«¿Por qué no ha crecido más? (Porque) no hay las condiciones. No hay crecimiento de la productividad, no puede haber un crecimiento sostenido del ingreso y, en consecuencia, no puede haber tampoco crecimiento sostenido del bienestar de la población. Esa es la mecánica».
Es precisamente la reactivación de la economía el principal reto económico que enfrentará la nueva administración federal a partir del mes de octubre de este año cuando tome protesta.
El sector público federal enfrenta múltiples desafíos en materia de finanzas públicas y riesgos que amenazan su capacidad para proveer bienes y servicios en el mediano-largo plazo, como son la desaceleración de la actividad económica, la desigualdad de la distribución del ingreso y riqueza, la inseguridad en el país y la falta de atracción a la inversión extranjera.
El déficit presupuestario, la deuda pública, el gasto público, además del endeudamiento de Pemex, también son parte de los principales desafíos fiscales que enfrentará tanto Claudia Sheinbaum si gana o su contrincante Xóchitl Gálvez si da la sorpresa.
El IMCO elaboró una serie de propuestas para la próxima presidenta del país en materia de finanzas públicas, entre las que destaca la implementación de una reforma fiscal y la creación de una oficina de infraestructura que evalúe y autorice los proyectos de obra pública del Gobierno Federal.
Aunque es innegable que esta administración ha enfrentado el desafío de una economía en declive debido a la pandemia, también es importante destacar que ha surgido la oportunidad del nearshoring, lo que conlleva grandes inversiones para el país.
El controlar la inflación y garantizar la estabilidad económica será crucial para el próximo gobierno en un contexto de incertidumbre a nivel internacional si escala el conflicto en Medio Oriente.
Combate a la corrupción y el caso Segalmex
El combate a la corrupción ha sido indudablemente la principal bandera que ha ondeado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato.
Desde el inicio de su administración, ha impulsado una serie de acciones y políticas orientadas a erradicar este problema arraigado por décadas en el sistema político en México.
“No hemos permitido que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo… ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? Varios billones de pesos, nada más”, presumió el presidente López Obrador el pasado 19 de febrero en su conferencia matutina.
“Tengamos en cuenta que ahora el Gobierno está destinando 2 billones 700,000 millones de pesos para programas de bienestar. Eso, nunca en la historia se había visto. Y todo ese dinero se ha obtenido porque ya no hay corrupción”.
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su administración en la lucha contra la corrupción, muchos consideran que estos no han sido suficientes para erradicar por completo este problema arraigado en el sistema político.
El caso Segalmex, ocurrido durante su sexenio, es sin duda el caso más escandaloso de corrupción y de desvío de recursos en los últimos años.
Aunque la Auditoría Superior de la Federación fijó en 16 mil millones de pesos el desfalco en la empresa paraestatal, López Obrador cifró en 9 mil 500 millones de pesos el dinero desviado por una red de funcionarios en Seguridad Alimentaria Mexicana.
Hasta el momento la Fiscalía General de la República ha detenido a más de 20 exfuncionarios por este caso, pero quien fuera el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, amigo personal de López Obrador, no está entre ellos.
La detención en el 2020 de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, que llevó a cabo la Fiscalía General de la República en este sexenio por el caso Odebrecht también está a punto de caerse.
En febrero Lozoya dejó el Reclusorio Norte para continuar el proceso en prisión domiciliaria, luego de un amparo concedido por un Juez de Control.
Tren Maya y Dos Bocas y los Mega Proyectos de la 4T
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que concluirá todas sus obras antes de que concluya su mandato, lo cierto es que los megaproyectos que hereda representarán un desafío para el nuevo gobierno.
La refinería de Dos Bocas y el Tren Maya son indiscutiblemente los dos proyectos de infraestructura que actualmente están en proceso que la próxima presidenta, sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, tendrán que consolidar en el próximo sexenio.
También lo será en menor medida el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, el otro gran proyecto que se tendrá que consolidar con el nuevo gobierno federal.
El presidente ha prometido que concluirá el Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura durante su sexenio que tiene una extensión de más de mil 500 kilómetros en el sureste mexicano.
El pasado 15 de diciembre, el presidente inauguró el primer tramo del Tren Maya que conecta Campeche con Cancún. Desde entonces ha inaugurado los tramos 2, 3 y 4 del Tren Maya, que conectan Palenque, Chiapas con Cancún, sin embargo no están concluidos aún.
Los tramos faltantes, 5, 6 y 7, que conectan Campeche y Quintana Roo, su fecha de conclusión se ha pospuesto hasta el mes de septiembre de este año.
La refinería Dos Bocas de Pemex en Tabasco también acumula retrasos y es una incógnita si en este sexenio podrá producir gasolina y diesel como se prometió.
Inaugurada en julio del 2022, en diferentes ocasiones el presidente ha pospuesto la fecha para que la planta de Pemex inicie con la producción de combustibles.
Se espera que Dos Bocas produzca 164 mil barriles diarios de gasolinas y 130 mil barriles diarios de diésel hasta septiembre, el último mes del Gobierno de López Obrador.
Pugna con el Poder Judicial
La confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial de México comenzó desde los primeros días de este sexenio.
Fue el tema de la austeridad republicana, que intentó implementar el mandatario en la función pública con la reducción de sueldos, la que provocó las primeras diferencias entre el Ejecutivo y los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
A lo largo del sexenio, la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial de México se volvió cada vez más tensa, alcanzando un punto crítico de conflicto con el envío presidencial de una iniciativa para reformar el Poder Judicial de la Federación.
En febrero pasado, el presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, buscando que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular.
“En lugar de privilegiar el mérito, en lugar de privilegiar la especialización, en lugar de privilegiar la neutralidad a través de procedimientos rigurosos y minuciosos, en donde se pueda examinar su capacidad profesional y aptitudes”, declaró recientemente Juan Luis González Alcántara, Ministro de la Suprema Corte de Justicia.
“Hoy se nos propone una suerte de concurso de popularidad, en donde se privilegian las promesas grandiosas por encima de las bases doctrinales sólidas, los discursos simplistas y maniqueos por encima de la reflexión mesurada y ecuánime».
Sin embargo, el 30 de abril pasado concluyó el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados dejando sin aprobar la mayoría de las 20 iniciativas que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
Además de la reforma del Poder Judicial, en este paquete de iniciativas que envió el Ejecutivo también estaba una reforma para desaparecer el INE.
El conflicto con el Poder Judicial continuará en caso de ganar la elección la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien ha anunciado que en su gobierno se impulsará esta reforma en su sexenio en caso de que no se concrete en la actual Legislatura.
Caso Ayotzinapa
El caso Ayotzinapa es sin duda el mayor pendiente en justicia y en derechos humanos que deja el presidente López Obrador.
A pesar de que se lo propuso como un compromiso fundamental en su toma de protesta el 1 de diciembre de 2018, luego de abrazar el movimiento de padres y de estudiantes que exigía justicia, el gobierno lopezobradorista ha fracasado en dar con el paradero de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En los últimos meses no ha existido avances en la investigación y sí cruce de señalamientos y acusaciones de los padres hacia el Gobierno de López Obrador.
Las familias exigen documentos militares para avanzar en la investigación sobre el paradero de los estudiantes, pero el Gobierno de López Obrador sostiene que no existen.
La reiterada defensa del presidente del rol que jugó el Ejército en este caso, que incluso provocó acusaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, también ha tensionado la relación entre AMLO y los padres.
Este año, en el mes de septiembre, justo en los últimos días de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se cumplirán 10 años de la tragedia de Iguala.
“Ya están en la cárcel militares, dos generales, y muchos de los involucrados, y todos los días estamos trabajando en la búsqueda de los jóvenes y están abiertas al diálogo las oficinas”, dijo el presidente López Obrador el pasado mes de marzo, luego de que normalistas realizaran una protesta violenta en Palacio Nacional.
López Obrador vivirá sus últimos días de gobierno enfrentando las acusaciones y los señalamientos del movimiento de padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Será un momento tan igual o peor, que el que vivió su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.
¿Qué hará Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez con el caso Ayotzinapa?
El 1 de octubre lo veremos.
