- Especialistas en desarrollo urbano del despacho Zárate Abogados aseguran que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2040, tal como está planteado en la actualidad, presenta irregularidades legales que podrían afectar negativamente a los desarrolladores
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2040, actualmente en consulta, contiene vicios de ilegalidad que podrían tener consecuencias negativas para los desarrolladores interesados en invertir en el centro de Monterrey.
En un webinar organizado por la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León y el despacho Zárate Abogados, especialistas legales en desarrollo urbano advirtieron sobre las irregularidades que presenta este instrumento de planeación urbano que impulsa la administración regia.
Uno de los principales puntos de preocupación es que el municipio está integrando en un solo documento la consulta de una zonificación primaria y la del centro de la ciudad, lo cual va en contra de lo establecido por la ley.
El abogado Jorge Castillo advierte que este procedimiento podría generar vicios de ilegalidad, lo que eventualmente podría llevar a la anulación de licencias y autorizaciones relacionadas con proyectos de desarrollo urbano.
“Definitivamente no es el instrumento idóneo”, asegura Castillo.
Por su parte, el abogado Marcelo Sepúlveda señala que aunque el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2040 busca repoblar el centro de Monterrey, el modelo de planeación propuesto no favorece realmente este objetivo.
Sepúlveda critica que, a pesar de plantear una colaboración entre el municipio y los desarrolladores para la regeneración de espacios públicos, en realidad esto se convierte en una imposición para la iniciativa privada.
Según Sepúlveda, lo que se presenta como colaboración en realidad es una exigencia impuesta a los desarrolladores, convirtiendo su contribución a la regeneración de espacios públicos en una obligación más que en una decisión voluntaria.
“No existe ninguna colaboración, lo que existe es una imposición de regeneración de espacios públicos por la iniciativa privada. En este caso esta aportación que se exige al desarrollador no es voluntaria, sino una obligación”.
