La política de confiabilidad energética que impulsa la actual administración federal a través de la Secretaría de Energía va contra el marco regulatorio.
atentando contra la competencia, por lo cual es importante que las empresas afectadas decidan combatirla por la vía legal
Carlos F. Rodríguez Samano | exgn7914@hotmail.com | EscalaLegal | A1V5 
Con la orientación y contenido de la política pública aplicada por Sener.
Expresada en las declaraciones públicas.
En los Acuerdos y actos para instrumentar la Política de Confiabilidad.
Y el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, que a su vez se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Es de esperarse que esas instancias mantengan la misma línea y su propósito de concretar sus objetivos mediante la realización de todo tipo de actos.
Mismos que al carecer de fundamentación y/o motivación ocasionan daños y perjuicios a los interesados en participar en el sector eléctrico.
Difícilmente la actual política pública formal en materia de Energía podrá variar, pues debe considerarse como una premisa básica que el Programa Sectorial de Energía.
En términos de ley, es obligatoria su observancia para las dependencias, entidades paraestatales y empresas públicas.
Así como para los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética en atención a lo dispuesto expresamente en sus respectivas leyes.
El acuerdo CENACE, como la política de confiabilidad de SENER y el incremento de la tarifa de porteo.
han sido combatidas ante los tribunales y se ha obtenido la suspensión en la ejecución de tales actos administrativos.
principalmente por ir en contra del marco regulatorio, tanto constitucional como de las leyes reglamentarias
De los últimos eventos llevados a cabo por las autoridades gubernamentales tenemos el “memorándum”, de dudosa procedencia.
Pero que al final de cuentas no ha sido desmentido por las autoridades.
De lo cual, entre otros se desprende las instrucciones a los órganos reguladores del sector energético, entre otros a la CRE.
Estableciendo los compromisos y acciones que deben emprender en favor de las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE).
Ajustándose a la nueva política energética, no obstante dichos órganos están dotados constitucionalmente de autonomía técnica, operativa y de gestión.
El último evento ha sido el del 12 de agosto de 2020, cuando la CRE en su sesión extraordinaria, determinó retirar la solicitud de publicación ante el DOF de diversos acuerdos.
Entre ellos, los que permiten el esquema de generación distribuida.
Y que autoriza a los usuarios a instalar paneles solares en sus domicilios y vender los excedentes a terceros vecinos.
Lo cual evidentemente es una acción gubernamental que tiende al fortalecimiento monopólico de CFE.
En contra de los mexicanos, ha tener acceso a energía económica y en favor del medio ambiente, disfrazada de una política de confiabilidad.
Tal determinación atenta contra la competencia efectiva y al libre acceso a un mercado totalmente permitido por la regulación de la materia.
Frente a un propósito de esa naturaleza, es indispensable no sólo contener sino también, en su caso, asumir acciones pro-activas.
En diversos campos de acción, entre los que se identifican:
- Combatir legalmente los actos jurídico administrativos para obtener la nulidad de los actuales y subsecuentes actos que ejecuten
- Plantear violaciones al Código de Ética de cada autoridad responsable que debe ser observado por los funcionarios públicos
- En su caso, buscar la aplicación de medidas disciplinarias fincándoles responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, incluso responsabilidad patrimonial del estado.
Todo lo anterior es importante, pero también hacer la denuncia ante la autoridad de competencia económica de prácticas monopólicas.
Y la imposición de barreras a la libre competencia por parte de la autoridad regulatoria.
Es importante, cuidar las debilidades que pudieran presentar las empresas permisionadas en la ejecución de sus actividades.
Y el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en los permisos, contratos y diversas regulaciones.
Hay que considerar acciones que impacten en el ámbito público y la comunicación social.
En virtud de la naturaleza política de la actividad pública que va mas allá de la estricta aplicación de la Ley.
Y abrir y/o provocar un esquema de diálogo con la autoridad, en cualquier momento
Ya que, es viable el desistimiento de los juicios, denuncias o quejas, incluso del arbitraje internacional de protección a la inversión en el momento oportuno.
La legalidad es el mejor aliado de las empresas y evitará que haya actos consentidos por parte de las empresas. Para combatir la política de confiabilidad.
Por ello, es muy importante que las empresas integren paulatinamente los expedientes necesarios para prever efectos a la inversión a corto y mediano plazo. (Protección a la inversión)
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