- El autor investigador del Colegio de México plantea que la gestión de residuos debe evolucionar hacia un modelo de economía circular que priorice la prevención, reutilización, reciclaje y aprovechamiento sostenible de los desechos, contribuyendo al bienestar ambiental, económico y social
La gestión de los residuos generados por los hogares y las actividades económicas es un tema de interés público que abarca la mitigación de riesgos sanitarios y ambientales, además de la provisión de servicios públicos.
Este proceso implica abordar aspectos técnicos, territoriales, económicos, normativos y político-institucionales, con el objetivo de garantizar los derechos de la población a la salud y a un medio ambiente sano.
En este sentido, uno de los ejes de la acción pública en esta materia gira en torno a la organización y provisión de los servicios públicos de recolección, tratamiento, disposición final, planificación e inspección.
En años recientes, la economía circular ha surgido como un enfoque prometedor que ve en la gestión de residuos una oportunidad para que los gobiernos estatales y federal contribuyan a la prevención y mitigación del cambio climático, al fortalecimiento de la economía local y a la reducción de las desigualdades sociales.
Así, se aspira que en los sistemas productivos se optimice el rendimiento de los recursos, se minimicen las externalidades negativas y la reinserción de los residuos en el ciclo de la producción, ya sea como fuente de materiales que sustituyan la necesidad de materia prima o como energía, así como la reducción en la generación de residuos mediante la reparación y reutilización de objetos.
La Semarnat ha iniciado trabajos para elaborar una Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) que contemple la reducción y aprovechamiento de los residuos por medio del diseño, mantenimiento, reparación, reutilización, refabricación, restauración y reciclaje de larga duración.
Un primer paso se dio en septiembre de 2024, cuando se publicaron las “Bases para la Elaboración de un Diagnóstico de la Estrategia Nacional de Economía Circular en México”, donde se identifican los retos y oportunidades que tiene el país para esta transición.
Entre los desafíos se señalan los rezagos en normas técnicas para la reutilización de residuos y en la disponibilidad de infraestructura para su recuperación y aprovechamiento material y energético, lo cual limita el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los de Manejo Especial (RME).
Es esperanzador que el nuevo gobierno federal haya colocado la gestión de residuos como una pieza central en la transición hacia un modelo económico que proteja el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de un medio ambiente sano.
No obstante, ello no debe conducir a una aceptación automática de toda iniciativa que se presente bajo la bandera de economía circular, sobre todo, aquéllas que han sido motivo de controversia en varios países como lo son el coprocesamiento y la valorización energética mediante incineración.
Estos tratamientos térmicos conllevan riesgos sanitarios y ambientales que han sido denunciados por organizaciones ambientalistas en todo el mundo, las cuales también claman por priorizar la prevención, reutilización y reciclaje material en las políticas de economía circular.
Este debate en torno a la economía circular y el aprovechamiento de los residuos ya se ha manifestado tras el anuncio en octubre pasado de la construcción de un parque industrial de economía circular en Tula, Hidalgo por parte de la Semarnat, donde se propone construir dos plantas de tratamiento de residuos orgánicos para convertirlos en carbón vegetal que puede ser empleado como fertilizante y combustible.
Greenpeace México y otras asociaciones ambientalistas han manifestado su preocupación por este proyecto, exigiendo información específica sobre el mismo y clamando que la política pública ambiental no promueva ni permita la incineración ni el coprocesamiento como mecanismos de gestión de los residuos.
La relevancia de la sustentabilidad y de la promesa de la economía circular obliga a analizar seriamente la contribución ambiental y social de las opciones técnicas de aprovechamiento de residuos y valorar su pertinencia desde el principio de justicia ambiental.
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