La Unidad de Inteligencia Financiera reveló la red de empresas que usó el Gobierno pasado para contratar el malware de espionaje Pegasus, que afectó a políticos, periodistas y activistas en el país.
- En la investigación participaron medios internacionales y nacionales como Proceso y Aristegui Noticias
- El presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo familiar fueron sujetos de espionaje
Una investigación internacional reveló que 15 mil números telefónicos de México fueron posiblemente intervenidos por el malware de espionaje Pegasus durante el sexenio pasado.
La investigación Pegasus Project fue coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional y en ella participaron medios internacionales y nacionales como Proceso y Aristegui Noticias.
Entre quienes posiblemente fueron espiados se encuentran periodistas como Carmen Aristegui y el reportero Cecilio Pineda Brito, quien fue asesinado en marzo de 2017, días después de ser atacado con Pegasus.
También el presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo familiar fueron sujetos de espionaje por parte de Pegasus.
Esta semana Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló detalles sobre la contratación de Pegasus en el sexenio pasado a través de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Tomás Zerón, quien está prófugo de la justicia.
Nieto reveló un entramado de empresas fantasmas ligadas a firmas filiales en México de NSO Group, compañía israelí que desarrolló el malware Pegasus. Al parecer, dependencias del Gobierno federal en la administración pasada firmaron contratos por hasta 6 mil millones de pesos.
Por su parte, NSO Group denunció una campaña de desprestigio en su contra y aseguró que el malware Pegasus se desarrolló para salvar vidas y no realizar espionaje.
Organizaciones como ARTICLE 19, R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC solicitaron al fiscal, Alejandro Gertz, reforzar la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió hace cuatro años.
“Toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia”, dice un comunicado.
