La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador por la que se reforma y adiciona la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), pone en riesgo el Capítulo de Energía del T-MEC que busca brindar certeza a los inversionistas del sector
- Las acciones implementadas en la nueva política energética de la actual administración preocupan a los inversionistas e insisten en que tendrán un impacto negativo
- En el Poder Judicial de la Federación hay más de 362 suspensiones de amparo concedidas contra la entrada en vigor de las reformas
Con el objetivo de eliminar las restricciones al comercio de la región Norte del continente americano, facilitar las condiciones de competencia leal y aumentar las oportunidades de inversión, desde 1988 el bloque México – Estados Unidos – Canadá decidió firmar un pacto comercial que fue ampliado en 1994 por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Desde el 1º de julio de 2020, el acuerdo comercial fue sustituido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ahora abarca nuevos aspectos como los capítulos en materia energética.
Con el T-MEC se buscó establecer un marco legal y comercial claro y transparente para la planificación de negocios que apoye una mayor expansión del comercio y la inversión. Así el Estado mexicano, incluyendo a los gobiernos estatales y municipales, quedaron obligados a otorgar un trato justo y equitativo, plena protección y seguridad a las inversiones extranjeras, por lo que terminar concesiones, cancelar licencias sin justificaciones legales o realizar actos discriminatorios o contrarios al debido proceso pueden generar responsabilidad internacional.
Sin embargo, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo de 2021 y por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), pone en riesgo el Capítulo de Energía del T-MEC que contempla brindar certidumbre jurídica y respetar los compromisos asumidos por México con los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que participan en el sector. Su constitucionalidad se encuentra bajo análisis del Poder Judicial Federal a raíz de los amparos que se presentaron contra su entrada en vigor.
El Capítulo 8 del T-MEC es más un logro político que jurídico, ya que por su redacción final se advierte que fue un intento del Gobierno mexicano para refrendar su soberanía en el sector energético y a través del mismo, buscó el reconocimiento de un derecho que ya se tiene (reformar su Constitución y la legislación interna). Se considera que su valor jurídico es nulo, más aún cuando: (i) Estados Unidos y Canadá lo reconocen sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado; (ii) no se establecen restricciones; y (iii) no se genera un derecho adicional.
Esto tiene un efecto negativo y produce desconfianza entre los inversionistas, lo que se traduce en un cambio de las reglas del juego sin previo aviso. Eso sí, el acceso al arbitraje internacional mediante el establecimiento de mecanismos de reclamación de inversión, aplicable sólo entre México y Estados Unidos, y la posibilidad de solicitar un panel de expertos a través del mecanismo de solución de controversias, otorgan a los inversionistas de Canadá y Estados Unidos un respaldo jurídico y protección en contratos eléctricos.
Cabe recordar que la reforma energética de 2013 impulsada durante la administración de Enrique Peña Nieto originó la mutilación al texto constitucional del artículo 27. En los años posteriores las amenazas del entonces presidente Donald Trump apuraban la firma del pacto internacional, que en materia energética no favoreció a México y, aunque la actual administración (en ese entonces en etapa de transición), buscó revisar los acuerdos previo a su firma, ya estaban negociados.
Las acciones implementadas en la nueva política nacionalista energética de la actual administración preocupan a los inversionistas y sus críticos insisten en que tendrán un impacto negativo en el medio ambiente, encarecerán el costo de la energía eléctrica, y atentarán contra la competencia, desincentivando el desarrollo de proyectos de energías limpias. Además podrían existir incumplimientos a los compromisos internacionales ya adquiridos.
Según cifras del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el periodo comprendido entre 2018 y 2020, las inversiones en el sector energético por parte de empresas privadas disminuyeron 75 por ciento como consecuencia de la política energética del actual gobierno. Por su parte, la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) prevé un colapso del sector financiero mexicano que financió los grandes proyectos de energía en nuestro país.
De ahí que en los jueces y magistrados recaiga una gran responsabilidad. En el Poder Judicial de la Federación se encuentran más de 362 suspensiones de amparo concedidas en dos meses a empresas e inversionistas privados contra la entrada en vigor de las reformas a la LIE.
