- La reforma contra el nepotismo, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso en febrero pasado, busca prohibir a partir del 2030 que familiares inmediatos de funcionarios electos sean sus sucesores directos, con el objetivo de combatir la corrupción y el clientelismo político.
La reforma contra el nepotismo, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un gran debate en el ámbito político y jurídico.
La iniciativa, aprobada en febrero pasado por el Senado y en marzo en la Cámara de Diputados, busca prohibir que familiares inmediatos de funcionarias o funcionarios electos se postulen como sus sucesores inmediatos, esto a partir de la elección del 2030.
Fue presentada por la presidenta como un paso para la lucha contra la corrupción y el clientelismo político.
Sin embargo, es importante cuestionar si esta reforma realmente ayuda a solventar el problema del nepotismo o si, por el contrario, es una medida limitada en su alcance y aplicación.
El nepotismo no es un fenómeno nuevo. Ha estado presente en la política mexicana, en diversas administraciones, sin distinción de partido, a nivel local, estatal y federal. Desde gobernadores que heredan el poder a sus hijos hasta alcaldes que impulsan a sus cónyuges como sucesores, la práctica ha sido una constante en el ejercicio del poder.
El principal argumento en favor de la reforma es que el acceso a los cargos públicos no debe basarse en relaciones familiares, sino en méritos y capacidades.
En este sentido, la propuesta de la presidenta Sheinbaum pretende impedir que una misma familia controle de manera sucesiva determinados puestos de elección popular, fomentando una mayor equidad en la contienda electoral.
Ahora bien, podría decirse que el objetivo de la reforma es loable, no obstante, parece que su alcance es limitado.
Toda vez que, restringe únicamente la postulación inmediata de familiares en el mismo cargo, pero no impide que éstos aspiren a otros puestos dentro del aparato gubernamental. Es decir, un alcalde podría no ser sucedido por su cónyuge o hermana, pero sí podrían postularse para una diputación o senaduría, manteniendo el control político dentro de la misma esfera de influencia.
Además, el nepotismo no se limita a la elección de cargos públicos, sino que se extiende a la administración pública y el Poder Judicial.
En este último caso, la propia presidenta ha reconocido la existencia de redes familiares que han permeado el sistema judicial, con jueces y magistrados que han favorecido la contratación de sus parientes.
A pesar de ello, la reforma electoral no aborda de manera integral estas prácticas dentro de las instituciones del Estado.
Otro aspecto a considerar es la viabilidad jurídica de la reforma. Aunque se argumenta que busca recuperar el espíritu de la Constitución de 1917, esta medida podría ser impugnada bajo el argumento de que restringe el derecho a ser votado. Cualquier limitación en este sentido debe estar debidamente justificada y ser proporcional al objetivo que persigue, de lo contrario, podría enfrentarse a desafíos en tribunales.
La lucha contra el nepotismo no puede reducirse únicamente a la restricción de candidaturas sucesivas dentro de una misma familia. Para que la reforma tenga un impacto real, lo ideal sería que la misma fuera acompañada de mecanismos que pudieran fortalecer la transparencia en los procesos de selección y nombramiento de servidores públicos, así como de sanciones efectivas para quienes incurran en estas prácticas.
En conclusión, aunque la reforma contra el nepotismo podría representar un avance en la agenda anticorrupción, su efectividad dependerá de su implementación y de la existencia de mecanismos complementarios que impidan que el fenómeno se replique por otras vías.
La lucha contra la corrupción no puede quedarse en medidas aisladas; requiere de un enfoque estructural que garantice la equidad en el acceso a los espacios de poder y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
