Desde su primera administración Donald Trump se ha caracterizado por mantener una agenda ambiental que deja de lado los compromisos climáticos de los Estados Unidos.
En 2017 ordenó la salida del Acuerdo de París, nombrando al calentamiento global como un “engaño” y eliminando del camino estrategias esenciales a futuro como el “Clean Power Plan”, intentando siempre favorecer el mercado energético tradicional.
Su postura centrada en combustibles fósiles ha sido retomada tras su retorno el pasado enero, abandonando nuevamente el acuerdo al que el expresidente Joe Biden regresó, privando otra vez al Fondo Verde para el Clima de contar con la participación del país que más contribuye a la causa.
Su decisión ha deteriorado la cooperación ambiental con México en diversos rubros, siendo la gestión del agua el más reciente.
Desde 1944, el Tratado Internacional de Aguas ha establecido un reparto binacional en ciclos quinquenales, en los que México recibe 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado de nuestro país vecino, mientras que México entrega dos tercios del caudal del río Bravo.
Sin embargo, las prolongadas sequías de los últimos años en la zona fronteriza han dificultado el cumplimiento de tal obligación hídrica.
El pasado mes de abril, tal situación provocó acusaciones de Trump que calificaron la omisión del Estado mexicano como un «robo de agua» a Texas, aludiendo la existencia de un adeudo de más de mil 603 millones de metros cúbicos, en conjunto con amenazas de sanciones.
Como respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las secretarías de Agricultura, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente ya se encontraban negociando una prórroga justificando la escasez, pues México todavía puede regularizarse en el ciclo 37, ya sea por un acuerdo simple, o con el aval de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), árbitro binacional con facultades extraordinarias para resolver disputas de esta índole.
Sin embargo, a pesar de tales argumentos, el ciclo 36 concluye en octubre, en un entorno en el que prolifera la sobreexplotación agrícola, el aumento en la demanda hídrica y antecedentes de conflictos sociales, como los enfrentamientos en Chihuahua de 2020 entre agricultores inconformes y la Guardia Nacional tras el desvío de agua del Río Conchos para cumplir con el tratado.
El acuerdo ha sido históricamente favorable a México por los plazos y volúmenes asignados, pero el contexto climático actual exige su revisión. Se trata de una revisión que debería caracterizarse por considerar la implementación de mecanismos binacionales de inversión, ajustes periódicos en las cantidades y mayor flexibilidad ante fenómenos extremos de estrés hídrico.
“Gas, poder y presión: la agenda energética de Trump y su impacto en México”
En el ámbito energético, Donald Trump ha reactivado una agenda de «dominancia» que da prioridad al petróleo, gas y carbón.
La generación eléctrica de nuestro país depende en más de un 60 por ciento del gas natural licuado importado de nuestros vecinos del norte, por lo que ante las recientes tensiones, se han acelerado planes para ampliar la capacidad de almacenamiento, buscando reducir vulnerabilidad ante posibles presiones políticas que, nuevamente, utilicen un recurso natural como herramienta de coerción.
Si bien el levantamiento de restricciones a exportaciones de gas por parte de Estados Unidos ha reactivado proyectos en los puertos mexicanos que, aunque prometen crecimiento económico para el país, podría implicar riesgos comerciales dado el complejo contexto político.
Aunado a ello, es relevante pensar en que tal situación podría significar un importante retroceso en la transición a energías renovables que habría prometido Sheinbaum en sus primeros meses como mandataria en México.
Es importante considerar que la degradación ambiental también influye en la migración.
En el «Corredor Seco» centroamericano, la combinación de sequías, lluvias errantes y la pérdida de cosechas ha empujado a miles de personas a migrar hacia los Estados Unidos.
Aunque el cambio climático rara vez se menciona como causa directa de este fenómeno, es notable que actúa como un factor de riesgo para la vida en esta región, agravando las ya existentes vulnerabilidades sociales y convirtiendo el desplazamiento en una alternativa para la supervivencia.
Las condiciones extremas del trayecto, como el cruce por desiertos con temperaturas en gran aumento, incrementan la complejidad del fenómeno insignia de los problemas de Trump con México.
Con el Acuerdo de París abandonado y el Tratado de Aguas siendo utilizado como una herramienta de presión política, temas urgentes como el agua, la transición energética y la migración climática quedan atrapados en la incertidumbre.
Si el agua se transforma de herramienta de cooperación en arma de presión, la relación binacional estaría enfrentando consecuencias duraderas.
Frente a estos desafíos, es urgente hacer un análisis con base en principios de corresponsabilidad y justicia climática. Más allá de las ideologías de un gobierno u otro, el bienestar común regional exige mecanismos de cooperación realistas, que prioricen la sostenibilidad, la seguridad de la población y la adaptación compartida para ambas naciones.
La emergencia climática no se limita a las fronteras territoriales, y sólo a través del compromiso mutuo es que puede ser posible enfrentar sus efectos de manera equitativa y duradera.
