- La relación entre México y Estados Unidos atraviesa una fase de tensión diplomática marcada por el uso de medidas legales —como cancelación de visas y aranceles— que, aunque no violan la soberanía ni el derecho internacional, operan como mecanismos de presión política.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento crítico desde la llegada a la presidencia de Donald Trump el pasado enero.
Últimamente se ha visto envuelta en una serie de polémicas que van desde la cancelación de visas a funcionarios públicos mexicanos, imposición de aranceles a materia prima estratégica, imposición de gravámenes a remesas como medidas de represión y control al Estado Mexicano para que oriente sus políticas en materia de seguridad, migración, narcotráfico al son de EU.
Por otro lado, funcionarios mexicanos, desde cargos oficiales, han hecho un llamado a manifestarse contra las recientes políticas migratorias activas y agresivas de Estados Unidos, lo que ha derivado en disturbios y actos de amotinamiento en varias ciudades importantes del país vecino.
Si bien no se trata de una crisis abierta, como se podría hablar del reciente conflicto bélico entre Israel e Irán, pero sí podemos hablar de una creciente tensión diplomática que refleja un fenómeno recurrente en el escenario internacional: el uso de medidas formales y legales por parte de un Estado que, sin constituir una intervención directa o violación flagrante a la soberanía de otro país, terminan produciendo efectos políticos, económicos y sociales en el país receptor.
México y EU: Soberanía bajo presión
Uno de los mecanismos más recientes que han marcado la relación entre México y EU es la cancelación de visas a funcionarios mexicanos.
Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Estados Unidos, diversos informes extraoficiales señalan que estas medidas estarían dirigidas a personas con presuntos vínculos con el narcotráfico o involucradas en casos de corrupción.
Si lo observamos desde el punto de vista jurídico, es claro que no existe una transgresión por parte de Estados Unidos, pues tiene plena competencia soberana para decidir a quién permite o no ingresar a su territorio.
No se necesita explicación pública ni procedimiento internacional para hacerlo.
Sin embargo, cuando esas cancelaciones se aplican de forma selectiva a funcionarios públicos o actores estratégicos de otro país, el efecto es claramente político, aunque la herramienta sea administrativa.
No es una sanción formal, pero sí opera como una forma de presión diplomática, precisamente, para el efecto de que el otro país actúe de cierta manera.
Una situación similar se ha dado con los aranceles impuestos o amenazados en el pasado con fines políticos, como ocurrió en 2019, cuando el gobierno estadounidense utilizó el comercio como mecanismo para presionar al gobierno mexicano a reforzar sus políticas migratorias, o más recientemente, con aranceles impuestos este año a materia primas estratégicas para México, lo cual orilló al país a tomar medidas mucho más estrictas y agresivas en contra del narcotrafico.
Volvemos a lo mismo, aunque los aranceles son instrumentos legales de política comercial, es evidente que también se pueden utilizar como herramientas de presión para forzar conductas específicas en materia política.
Desde el punto de vista jurídico, el principio de soberanía nacional sigue siendo el eje del derecho internacional contemporáneo.
La Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos del sistema internacional establecen que los Estados tienen derecho a organizar su vida interna sin interferencias externas.
No obstante, el desarrollo del derecho internacional ha reconocido que no toda afectación a un Estado proviene de una intervención directa.
Existen formas indirectas de presión que, si bien no constituyen violaciones abiertas, tienen efectos reales y materiales sobre las decisiones soberanas de los Estados.
En la relación México-Estados Unidos no se han roto reglas internacionales, pero sí se observan formas de presión que materialmente generan impactos políticos internos. Las herramientas son legales, pero los efectos son políticos.
Este tipo de dinámica no es exclusiva de la relación México-Estados Unidos.
Forma parte de una tendencia global donde las relaciones diplomáticas se complejizan a través de medidas formales, legales y selectivas que operan como mecanismos de negociación o presión en escenarios donde los conflictos abiertos ya no son viables o convenientes.
Hoy, más que nunca, es necesario observar con claridad la diferencia entre la legalidad formal de los actos estatales y su impacto real en la política internacional.
Las relaciones entre Estados no se definen únicamente por lo que dicen los tratados, sino también por lo que generan en la práctica. Y en ese espacio intermedio es donde hoy se juega buena parte del equilibrio diplomático entre México y Estados Unidos.
