El poder de revocar el mandato es la expresión máxima del poder soberano popular, pero en el ejercicio realizado en México no fue así por las irregularidades del proceso
- La solución es transitar de una democracia representativa a una democracia participativa para la elección de representantes y la sanción de su desempeño
- Inhibir y pervertir el involucramiento de los electores en la revocación del mandato otorgado afecta el estatus no sólo de un político o de un partido
Después de semanas de un álgido e intenso debate, el 10 de abril, los ciudadanos mexicanos fuimos convocados para ejercer nuestro derecho constitucional a revocar el mandato del presidente de la República. Ese día culminó un proceso irregular e ilegal que puso a prueba a diversas instituciones políticas de nuestro país.
Sin duda alguna, la posibilidad de revocar el mandato de cualquier representante electo por el voto popular no es sólo pretensión de una vendetta política por el incumplimiento de las promesas de campaña. El poder de revocar el mandato es la expresión máxima del poder soberano popular.
En una República como la nuestra, el poder político emana del pueblo y se materializa por medio de la elección de representantes a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en los ámbitos local y federal. Sin embargo, la costumbre impone una relación donde el mandatario termina siendo el mandante, esto es: los receptores de la voluntad popular actúan en nombre del pueblo y desatienden su mandato y además ignoran la obligación de rendir cuentas.
Así, se vacía el sustento ideológico del modelo liberal democrático. La solución a esta paradoja es transitar de una democracia representativa a una democracia participativa, esto es, que el pueblo se involucre no sólo en la elección de representantes, sino que también sancione su desempeño.
Los mexicanos empezamos a transitar mal por esa ruta. Podría decirse que todos los actores políticos reprobamos.
En primer lugar, el poder popular de revocar fue usurpado precisamente por el Ejecutivo, sí, aquel cuyo desempeño debía sancionarse. En segundo término, el órgano judicial garante de cumplimiento de orden constitucional validó la usurpación y contribuyó a la confusión y el desorden. En tercer lugar, la oposición política formal abdicó a su responsabilidad de articular la participación política en la adecuada integración del poder público.
Este cóctel de competencias cívicas derivó en la indiferencia y desdén ciudadano por hacer valer su calidad de soberano. También puso en riesgo la evolución de nuestra joven democracia.
Inhibir y pervertir el involucramiento de los electores en la revocación del mandato otorgado afecta el estatus no sólo de un político o de un partido. En casi 25 años de pluralismo político y elecciones, las tres fuerzas políticas predominantes se han alternado en la Presidencia de la República y ese debe ser eje de la discusión pública sobre el destino de nuestra democracia.
