Los grandes proyectos del Gobierno Federal como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas comparten la falta de coordinación administrativa.
- Los proyectos no cumplen ni cumplirán con las normas ambientales, de modo que no podían ser legalmente autorizados
- La ciudadanía ha encontrado en el Poder Judicial de la Federación un importante aliado en la lucha por la legalidad
A más de tres años de que entró en funciones la nueva Administración Pública Federal es importante destacar qué avances o retrocesos se perciben en materia de infraestructura pública, considerando que es uno de los rubros que genera mayor controversia y que, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, está exento de corrupción.
Así, entre las obras más destacadas, tanto por el monto de la inversión como por la polémica recurrente, se encuentran los emblemáticos proyectos del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Estos proyectos comparten un elemento en común que, además de ser alarmante, es desde luego cuestionable al exponer una falla notable del Gobierno Federal: la falta de coordinación administrativa.
En ese sentido, desde la trinchera privada es criticable que los proyectos con los cuales se pretende “reactivar” la economía nacional, encuentren su principal obstáculo en el propio Gobierno federal.
Esto ha sido notorio y evidente, particularmente desde la óptica ambiental, dados los constantes reclamos por la falta de tramitación y autorización de las manifestaciones de impacto ambiental para el desarrollo de estos megaproyectos.
Esta cuestión, naturalmente, genera serias dudas sobre la capacidad, y hasta la intención del Gobierno Federal de cumplir con las normas que, en apariencia, pretende vigilar, generando así un doble discurso que resta credibilidad al aparato gubernamental.
Una pregunta, ¿cómo exigir a la iniciativa privada el cumplimiento a las normas ambientales (y por lo tanto el combate a la corrupción), cuando el propio Gobierno Federal es el primero en no hacerlo?
Esto nos arroja una lectura clara de las prioridades de esta nueva administración, mismas que reiteradamente se reprochan y reclaman al sector privado: ¿qué es más importante, la reactivación de la economía o la protección ambiental? Si consideramos la notable intención del Ejecutivo Federal de mostrar o exhibir, a toda costa, los pequeños avances en la ejecución de sus megaproyectos, la pregunta se responde sola.
Por otro lado, tratándose de proyectos emblemáticos, que por supuesto deben cumplir con los parámetros ambientales es imperativo preguntarnos: ¿cómo es que el Gobierno federal olvidó u omitió tramitar las referidas autorizaciones ambientales, ante una dependencia que forma parte de la misma Administración Pública Federal?
Dicho de otro modo, si el Gobierno Federal era el encargado de autorizar sus propias manifestaciones de impacto ambiental, para ejecutar estas megaobras, ¿cómo es que la Administración Pública Federal se saboteó a sí misma? Este cuestionamiento invariablemente nos orilla a plantear dos posibles escenarios.
El primero, que los proyectos no cumplen ni cumplirán con las normas ambientales, de modo que si las obras no podían ser legalmente autorizadas, era ocioso e inconducente intentar siquiera tramitarlas.
El segundo, que el Ejecutivo Federal improvisó obras carentes de proyectos y especificaciones técnicas, por lo que era virtualmente imposible siquiera solicitar una autorización ambiental de esta naturaleza.
Cualquiera que fuera la causa, los efectos de estas arbitrariedades comienzan a visibilizarse. Como ha sido ya del dominio público, cada vez son más los reveses judiciales que sufre el Ejecutivo Federal, ante la oportuna intervención de la ciudadanía, misma que ha encontrado en el Poder Judicial de la Federación un importante aliado en la lucha por la legalidad.
A más de tres años de que entró en funciones la nueva Administración Pública Federal, podemos anticipar que si el Ejecutivo no rectifica, difícilmente logrará concretarse el ambicioso plan de infraestructura pública, y con ello, la pretendida reactivación económica impulsada por el Gobierno Federal.
