La decisión del Centro Nacional de Control de Energía de favorecer a la CFE y a Pemex no sólo inhibe el desarrollo de energías limpias en el país sino además genera incertidumbre en el sector energético y pone en riesgo el derecho de los mexicanos a la energía eléctrica
Luis Fernández Martínez | luisf@zarateabogados.com | EscalaLegal A1V3 
La nueva normalidad que se configura en el horizonte mexicano traerá consigo significativos cambios en el sector energético del país.
Cambios que, durante este cese obligatorio instaurado en virtud de la pandemia, fueron fraguados por el Estado mexicano.
Determinaron en mayor o menor medida, la capacidad de la administración actual para garantizar la seguridad energética de todos los mexicanos.
La Agencia Internacional de Energía define a la seguridad energética como la disponibilidad ininterrumpida de recursos energéticos a un precio asequible.
Si bien esta definición describe las condiciones de disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la aceptabilidad necesarias para garantizar la seguridad energética, carece del necesario componente ambiental de la ecuación, a fin de que esta pueda ser sostenible.
Una radiografía del estado energético del país nos indica dos cuestiones innegables:
La matriz eléctrica del país continúa poco diversificada y acaparada por la generación de plantas de ciclo combinada a gas natural y también la doble condición de dependencia y vulnerabilidad en materia energética.
Si bien es factible e incluso necesario, en un mundo globalizado, aceptar y aprender a manejar la dependencia generada por importar energía.
Hay que cuidar precisamente que ésta sea a un precio razonable y mediante la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento, es claro que la nación mexicana no tiene un manejo que le proteja de dicha condición.
Como acuña Víctor Rodríguez Padilla en “Seguridad Energética, Análisis y Evaluación del caso de México”, citando a Jacques Percebois, la vulnerabilidad energética es una situación en la que un país no es capaz de tomar decisiones de política energética de manera libre y soberana, o tomarlas, pero a un costo económico o político colectivamente insoportable.
Si tomamos en consideración que México como generador del 50 por ciento de su electricidad con gas natural, un 80 por ciento de éste, se importa directamente de los Estados Unidos, es claro que depende de manera vulnerable,
Ahora, si bien una conclusión lógica pareciera dar la razón a la actuación del Estado mexicano, a fin de garantizar una independencia energética en aras de garantizar la seguridad energética.
Así lo refiere el propio Víctor Rodríguez.
“Un país que produce la mayor parte de su energía a un costo prohibitivo o mediante tecnologías obsoletas será vulnerable, aunque sea independiente energéticamente”.
Y esta es precisamente la cuestión que habría que analizar.
Es claro que la postura de la actual administración federal en materia de energía es el de regresar a un sitio preponderante a sus ya desgastadas “joyas” de la corona energética, es decir, sus empresas productivas del estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Esto tal y como el propio gobierno federal lo hizo del conocimiento público el pasado 17 de julio de 2019, en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Documento de cuyo apartado denominado “Rescate del sector energético”, se desprende que, ante el supuesto fallo de la apertura económica en el pasado, (es decir, la instrumentación e implementación de la reforma energética) la prioridad ahora sería recuperar la producción petrolera, “rescatar” a PEMEX y CFE, rehabilitar refinerías y en general modernizar las instalaciones del sector de hidrocarburos y eléctrico nacionales.
Sin embargo, causalmente, el estado mexicano decidió instrumentar diversas modificaciones al panorama de la energía mexicano, que despertaron el malestar de un gran sector de la población.
Primero, el Centro Nacional de Control de Energía notificó vía electrónica y posteriormente publicó el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, en el que, aludiendo presuntas cuestiones técnicas, relativas a la intermitencia fundamentalmente y en aras de fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico en el Sistema Eléctrico Nacional, de facto, suspendió pruebas preoperativas de centrales intermitentes tanto eólicas como solares.
Posteriormente la Secretaría de Energía, presuntamente incumpliendo el procedimiento que, señalado en la Ley de Mejora Regulatoria, publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
Política en la que de facto y sin que mediara modificación alguna a las Reglas del Mercado eléctrico Mayorista, al Código de Red, ni a las Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, presuntamente inhibió el desarrollo de energías limpias, incumpliendo materialmente acuerdos internacionales de protección al medio ambiente.
Finalmente, la Comisión Reguladora de Energía aprobó por unanimidad un Acuerdo, mediante el cual, permitiría a la CFE aumentar las tarifas de transmisión para centrales de autoabastecimiento, lo que se traduciría, en aumentos de cinco a diez veces el costo actual de las tarifas según confirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Ahora retomando el texto del propio Plan Nacional de Desarrollo pareciera ser una situación ya contemplada por la propia administración ya que textualmente se nos advirtió que “Se superarán mediante el diálogo los conflictos (…), así como las inconformidades sociales por altas tarifas”.
Lo que quizá es incongruente, que el Plan también contemple que “La nueva política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos millones de habitantes”.
Es claro que debemos pugnar porque el Estado mexicano reconsidere esta estrategia en materia de energía a fin de que garantice nuestro derecho de acceso a la energía eléctrica
Entonces, que el Estado mexicano dé prioridad a la generación de energía eléctrica con fuentes convencionales, a través de centrales obsoletas, cuya generación resulta más costosa (que según la propia CFE resulta mas de 70 dólares cara su generación con combustóleo que con fuentes renovables).
Además dañina a la salud de las personas, medio ambiente que habitan y violatoria de los mercados establecidos.
Así como del Estado de Derecho del país, incumple con los requisitos doctrinales y económicos para ser considerarla una estrategia que busque garantizar la Seguridad Energética.
Por el contrario es violatoria de derechos humanos y seguramente conducirá a agravar aun mas la condición de vulnerabilidad energética actual.
Finalmente, es claro que debemos pugnar porque el Estado mexicano reconsidere esta estrategia en materia de energía a fin de que garantice nuestro derecho de acceso a la energía eléctrica, hoy mas que nunca, por ser un presupuesto indispensable, para el goce de múltiples derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, una vivienda digna y decorosa y a un medio ambiente sano. Y fundamentalmente por que las circunstancias extraordinarias tanto económicas, sociales existentes y climatológicas que se avecinan con la llegada del verano, por ejemplo, así lo requieren para salvaguardar nuestra dignidad como personas.
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